Aumentar el número de años para fijar la cuantía de las pensiones de jubilación se ha llevado a cabo ya en tres ocasiones, pero no ha conseguido más que dar una patada adelante a los problemas del sistema público
La Seguridad Social ha acumulado un déficit en los últimos diez años de 151.000 millones de euros, equivalente al 13,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de 2019, el último del que se disponen datos completos. Fue en el año 2010 cuando sus cuentas registraron su último superávit, 2.383 millones de euros. Del Fondo de Reserva únicamente quedan los recuerdos. Como, por ejemplo, que se creó en el año 2000 con José María Aznar y que llegó a tener más de 66.800 millones de euros con José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, apenas cubriría la nómina de las pensiones de cinco días.
No es de extrañar que el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ande dando vueltas a cómo reformar otra vez el sistema público de pensiones. Con una población mayor de 65 años que no para de aumentar, con la tasa de natalidad en regresión, con la relación entre el número de afiliados a la Seguridad Social y el de pensionistas en su cociente más bajo de los últimos años, y con una economía que no volverá a la normalidad anterior a la pandemia hasta 2022, afrontar cada año la ingente tarea de abonar 163.000 millones de euros a cerca 8,8 millones de pensionistas requiere de mucha imaginación o de más endeudamiento.
Escrivá ha dejado caer la necesidad de una nueva reforma del sistema público de pensiones, pero sus dos medidas estrellas son las mismas que los anteriores titulares de la cartera pusieron en marcha: incentivar la prolongación de la vida laboral a quienes alcancen los 65-66-67 años y basar la percepción de la pensión sobre la base de los últimos 35 años cotizados, en lugar de los 25 años actuales.
Con los últimos datos el Ministerio, correspondientes al mes de noviembre, un pensionista que se dé de alta por jubilación percibe una pensión media de 1.517 euros mensuales, un 30% por encima de la media por el mismo concepto (1.169 euros) y un 49,16% superior a la media del conjunto del sistema (además de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad...).
El problema que le ha sobrevenido al sistema en los últimos ejercicios no es otro que la entrada de pensionistas que han generado derechos de cobro muy por encima de la media, bien porque han trabajado más años con sueldos altos y han cotizado sobre bases más elevadas. Y el sistema no está preparado económicamente para absorber semejante desfase.
El tema viene de lejos. En 2011, fecha de la última reforma seria del sistema, los jubilados que entraban en el sistema público percibían una nómina de 1.408 euros, cuando la media por la misma causa (jubilación) del resto de los perceptores era de 923 euros. Es una diferencia del 62,4%. Si la comparación se realiza sobre la media de cualquier tipo de pensión la diferencia se agranda, un 73,5% más: 1.408 euros mensuales frente a 811 euros. Y la misma situación, con diferentes porcentajes, se dio en 2015 (+41,8% y +63,47%).
España, en opinión de la OCDE, ha disfrutado siempre de una tasa de sustitución que no se corresponde con la situación de su economía. La tasa de sustitución es la relación entre la pensión que se cobra y el último salario percibido por el nuevo pensionista en su anterior trabajo. Antes de la reforma de 2011, equivalía al 80%, una de las más elevadas de los países desarrollados.
Y eso que se han llevado a cabo varias reformas desde que en 1919 se creara el Retiro Obrero Obligatorio en España, el germen de lo que hoy es el sistema público de pensiones. En 1985, con Felipe González en la presidencia del Gobierno, el periodo de cotización mínimo exigido para percibir una pensión pasó de 10 a 15 años y el número de años utilizados para el cómputo de su cuantía saltó de dos a ocho años, con el objetivo de reducir la presión en el sistema. Es decir, en la primera mitad de los ochenta bastaban los dos últimos años en activo para fijar la pensión a cobrar. Fue en los años ochenta cuando el sistema público presentó ya sus primeros desequilibrios tras la crisis industrial derivada del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea.
En 1997, con José María Aznar en La Moncloa, se volvió a incrementar el número de años para fijar la base reguladora de 8 a 15 años. En 2006, se modificó además el computo efectivo de los años de cotización y se aumentó la edad de jubilación hasta los 61 años.
Pero nada de esto cambió la tendencia de las cuentas del sistema hacia el abismo. En 2011, con Mariano Rajoy al frente del país, se publicó la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años, a 37 los años de cotización para poder percibir el 100% de la base reguladora y, lo que es más importante, se pasó de 15 a 25 años el cómputo de los años para fijar la cantidad a percibir mediante un periodo transitorio que añade un año más desde 2013 hasta 2022.
Tres reformas y las tres han incidido en los mismo: que la cuantía de la pensión de jubilación se fije sobre la base del mayor número de años cotizados posibles, para que así computen años con salarios inferiores, los primeros que los trabajadores perciben. Máxime cuando el déficit de la Seguridad Social puede llegar en 2020 a 25.000 millones de euros; cuando el número de afiliados (19,02 millones) se ha reducido en 354.876 en los últimos doce meses y el número de pensiones ha crecido en 4.325, a pesar de los estragos que ha causado la covid-19 entre la población mayor de 70 años, y cuando los ingresos por cotizaciones sociales se han reducido en 6.528 millones, un 3,66% por las exenciones y moratorias aprobadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria.
Con 15 años como periodo para computar la base reguladora, una persona que hubiera ganado 1.500 euros mensuales entre los 40 y los 50 años y 2.000 euros de los 50 a los 65 años cobraría una pensión de 1.714 euros. Con la reforma de 2011, en mitad del periodo transitorio, en 2017, hubiera cobrado 1.607 euros, con 20 años para el cómputo, y en 2022, ya con 25 años computables, 1.543 euros. Son 171 euros mensuales menos, equivalente al 9,97%, 2.400 euros anuales. Pero hay 9,788 millones de pensiones y 8,8 millones de pensionistas.
El proyecto de José Luis Escrivá pretende fijar el periodo computable en 35 años, con el objetivo de reducir un 5,5% la cuantía de los nuevos pensionistas que se incorporen al sistema. El ahorro estimado con el gasto previsto para 2021 (163.297 millones de euros en pensiones) ascendería a 8.980 millones, casi el coste mensual de la nómina de los pensionistas. En el futuro se fijará sobre toda la vida laboral.
