El Gobierno dejará correr el plazo para presentar recurso contra la ley autonómica del precio del alquiler, como ya hizo con la ecotasa a las nucleares y la norma de sanidad universal. Y estudia hacerlo también con el decreto para rebajar al 50% los alquileres de los locales comerciales
El Gobierno de coalición no quiere que ERC se distancie de los Presupuestos ni de la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura de Pedro Sánchez. Desde su llegada a Moncloa, Sánchez ha evitado recurrir ante el Tribunal Constitucional tres leyes tramitadas por el Parlamento catalán que son susceptibles de invadir competencias estatales.
El último caso es el de la Ley de Medidas Urgentes para la contención de los alquileres, aprobada con los votos de Junts per Catalunya -salvo los diputados del PDeCat-, ERC, Comunes y la CUP en el Parlament y que distintos fondos extranjeros así como asociaciones inmobiliarias pidieron al Gobierno de Sánchez que presentara un recurso de inconstitucionalidad.
El Gobierno, de momento, no moverá ficha, explican las fuentes consultadas por Vozpópuli. Y estudia la misma opción para el decreto de la Generalitat para rebajar el 50% de los alquileres de los locales comerciales que se han visto afectados por el cierre por la covid.
El motivo de fondo al que aluden es el de no abrir un nuevo contencioso con los nacionalistas antes de la aprobación de las cuentas públicas. Aunque solo les quedan dos meses para recurrirla según los plazos legales, como informó este medio tras su entrada en vigor.
Además, sus socios de Unidas Podemos están a favor de la regulación del precio del alquiler y ya pidieron después de que la Cámara catalana diera luz verde a la nueva regulación que el Gobierno la "hiciera suya" y se extendiera en todo el territorio. Este viernes han dado un paso más y la mayoría de investidura salvo el PSOE ha firmado un acuerdo para exigir que la norma autonómica se "blinde" y "habilite" al resto de España.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, fue el primero en lanzar una advertencia "a la parte del PSOE en el Gobierno" para no transitar por los cauces de la justicia una ley que fue aprobada por el Parlament. Tras la Junta de Portavoces de este martes, instaba al Gobierno a "que no lo lleven al Tribunal Constitucional" porque "no se entendería" ni en la "sociedad catalana ni española". "Para nosotros es un leitmotiv", sentenciaba.
Se sumaba de este modo a la posición mantenida públicamente por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que tras reunirse con el sindicato de inquilinos estimó "urgente" aprobar una ley de la misma naturaleza a nivel estatal e incluirla en los Presupuestos.
Pero más allá de la voluntad de los morados, los ministros económicos del PSOE consideran que el índice de los alquileres que elaboraron es una medida suficiente para arrojar un poco de concreción al complejo mercado de la vivienda en las zonas más tensionadas. La crisis del coronavirus, además, ha generado más incertidumbre en este sector y los ministros socialistas no quieren dar un paso en falso con una regulación como la que piden sus socios.
El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, lo resumía así desde Ferraz: "Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda. Y el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la ley estatal de vivienda".
Sin embargo, una cosa es que el Ejecutivo no quiera incluir en los Presupuestos una ley de estas características, y la otra, muy distinta, que esté dispuesto a recurrir la legislación autonómica. Un recurso comportaría la suspensión inmediata de la ley y abonaría el terreno para que ERC se distanciara del Gobierno. Sobre todo, con las elecciones catalanas en el horizonte político.
Con todo, la opción que está sobre la mesa es dejar pasar el plazo de tres meses a partir de la publicación oficial de la ley para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional. La controvertida legislación se entró en vigor el pasado 22 de septiembre, según aparece en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El pleno de su votación se celebró el 9 de septiembre y generó por primera vez que los diputados del PDeCat se desmarcaran de los de Carles Puigdemont y rechazaran apoyar la ley junto a Cs, PSC y PP.
Por lo que respecta a la ley catalana del alquiler, fuentes del Ministerio de Transporte no muestran dudas de su "inconstitucionalidad". No obstante, es el Ministerio de Política Territorial, dirigido por Carolina Darias, quien está estudiando su viabilidad en los términos que está planteada.
Según explican fuentes ministeriales, se podría concluir que existe la necesidad de modificar la ley pero sin recurrirla, convocando una Conferencia de Política Territorial con las autoridades catalanas para "subsanar temas de fricción" en un plazo de otros seis meses. En este último caso, la ley actual seguiría igualmente en vigor y recibiría luego las modificaciones.
No es la primera vez que Sánchez hace oídos sordos ante una ley catalana de dudosa constitucionalidad. Tras su llegada a Moncloa con la moción de censura, desistió del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley catalana de sanidad universal.
La decisión fue fruto del acuerdo alcanzado durante la reunión en Madrid entre el secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor, y la entonces consellera de Presidència, Elsa Artadi.
En la misma línea, el Gobierno de coalición dejó pasar el pasado 21 de septiembre el plazo para recurrir la tasa de 120 millones que la Generalitat cobrará por las nucleares. El olvido de Sánchez se debió a un acuerdo alcanzado con el Govern y que prevé engrosar las arcas catalanas en 500 millones más a través de este impuesto verde.
La ley entró en vigor el pasado 1 de abril, y 120 millones del total de 500 millones que prevén recaudar los deberán pagar las dos nucleares españolas propiedad de Endesa e Iberdrola, según publicó Invertia. Anteriormente, el Gobierno de Rajoy recurrió hasta en dos ocasiones ecotasas similares a la de la Generalitat. Sin embargo, el Gobierno de coalición declinó hacerlo pese a contar con jurisprudencia a su favor contra ese tipo de tasas autonómicas.
