La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha precisado en su resolución que José Manuel Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario"
La juez del 8-M ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al no ver indicios de prevaricación. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos al dirigente socialista. En el marco de la resolución, ha hecho hincapié en la "inactividad" del delegado.
Según consta en el auto, recogido por Vozpópuli, de todas las diligencias de investigación practicadas se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo del presente año, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones.
Aunque exime a Franco del delito de prevaricación, la instructora ha precisado que el delegado -en el ejercicio de las competencias que por ley tiene atribuidas y en la horquilla temporal que nos ocupa- "mantuvo una permanente inactividad jurídica en relación con las concentraciones/manifestaciones y el covid-19".
La juez ha insistido en que Franco "ni prohibió ninguna concentración ni adoptó medida alguna de prevención del contagio", en referencia a la posibilidad de imponer distanciamiento social, uso de guantes o de mascarillas. "El delegado, en el ejercicio de su competencia, tenía un elenco de medidas que podía adoptar en su resolución: desde las más contundentes (prohibición) a otras que lo son menos (mantener distancia de 1 metro entre los manifestantes)", ha asegurado.
"No consta, en definitiva, que en el ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas, cumpliendo con el deber impuesto en el artículo 73 Ley 40/2015, velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública que conllevaba la aglutinación de personas ante la gravísima situación sanitaria del covid-19. Otra cuestión (...) es si tenía los elementos para hacerlo", ha señalado.
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha precisado en su resolución que Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario". Asimismo, ha concluido que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19".
En el marco de su exposición, la juez ha acordado denegar el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado. Ello se traduce en que la causa queda archivada provisionalmente y podría volver a abrirse de aportarse más indicios. La representación jurídica del Ejecutivo pedía un archivo definitivo.
La resolución tienen lugar dos día después de que la magistrada escuchara la versión del delegado del Gobierno. Fuente jurídicas han asegurado a Vozpópuil que el delegado del Gobierno negó las conclusiones recogidas en los informes de la Guardia Civil y del médico forense, así como las acusaciones presentadas en la denuncia original. "Yo no he puesto en peligro la vida de nadie", insistió. A su juicio, "no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8-M" y "se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios".
Este jueves, la juez también escuchó las versiones de los testigos, entre ellos cinco funcionarios de la Delegación y una decena promotores. La magistrada facilitó a los empleados públicos una copia de la declaración que prestaron ante la Policía Judicial. Todos reconocieron haber leído y firmado el testimonio, pero decidieron no ratificar el contenido.
Según precisaron fuentes jurídicas, los trabajadores aseguraron a la juez que no habían llamado a los organizadores de las manifestaciones para invitarles a desconvocar los eventos por temor al coronavirus. Los organizadores confirmaron la versión y rechazaron haber recibido presiones por parte de la Delegación del Gobierno para cancelar sus manifestaciones por la covid-19.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid dirigía desde el pasado 23 de marzo una investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer.
Ni la Abogacía ni la Fiscalía apreciaban indicios de delito en la actuación del delegado del Gobierno. Ambos habían pedido el archivo de la causa y habían criticado a la juez por practicar diligencias durante el estado de alarma; consideran que ello ha generado la "indefensión" del investigado. La magistrada insistió en su momento en que había "intentado trabajar con prontitud en todo aquello que afecta a la acusación y también a la defensa".
Tras darse a conocer la resolución de este viernes, el denunciante ha anunciado su intención de recurrir la decisión de la juez ante la Audiencia Provincial de Madrid. "A ver si nos dejan presentar el recurso de apelación. ¿Por qué he tenido que adherirme a otra acusación si fuimos los primeros en cumplir todos los requisitos?", ha señalado Víctor Valladares en su cuenta de Twitter.
Unión de Oficiales de la Guardia Civil, una de las partes que se personó en la acusación de la causa del 8-M, interpondrá un recurso contra el archivo anunciado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. La magistrada decidió el sobreseimiento provisional tras escuchar la declaración del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y considerar que no había indicios suficientes para atribuirle una actuación constitutiva de delito, informa Gonzalo Araluce.
Fuentes de la asociación representativa del Instituto Armado detallan a Vozpópuli que "interpondrá el correspondiente recurso contra el archivo anunciado". El anuncio de Unión de Oficiales de la Guardia Civil se produce a las pocas horas de que la juez Carmen Rodríguez-Medel notificase en un auto el sobreseimiento provisional de la causa.
