La historia real de La prisión de los Andes, la cárcel de lujo para violadores de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet 

40 años después del golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990), los hombres a cargo de los crímenes de lesa humanidad en la dictadura chilena cumplen sus sentencias de siglos de cárcel a los pies de la cordillera de los Andes. 

Se trata del Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera, más conocido como Penal Cordillera, el título de la película del director y dramaturgo Felipe Carmona (en España, disponible en Filmin bajo el título La prisión de los Andes). La cinta —que se basa en la obra de teatro estrenada en 2015 del mismo autor— imagina los últimos días que pasaron cinco exmilitares condenados por crímenes contra los Derechos Humanos en esta cárcel de lujo repleta de comodidades, justo antes de que salieran a la luz las condiciones del encierro que provocarían su cierre en 2013. 

Analizamos la cinta en este Fact-Fiction.

Los inicios de Penal Cordillera. El 22 de noviembre de 2004 el Ministerio de Justicia de Chile crea “un establecimiento penitenciario” que se denomina Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera en la comuna de Peñalolén, provincia de Santiago. Y establece que la dirección y administración corresponda a la Gendarmería de Chile —el servicio de prisiones que depende de Justicia—. 

• Este centro penitenciario fue construido con el fin de reducir la población de otro penal, el Punta Peuco, un establecimiento construido en 1995 exclusivamente para militares condenados por violaciones a los derechos humanos, con el fin de separarlos de los reclusos ordinarios. Así lo recoge el trabajo de investigación de Nicolás Angelcos, sociólogo de la Universidad de Chile. 

Así, en el Penal Cordillera fueron encerrados, de forma exclusiva, diez militares que fueron agentes de inteligencia y de seguridad del régimen que pertenecieron a organismos responsables de ejecuciones, desapariciones y torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad. 

Estos son los cinco que aparecen en la ficción:

• Manuel Contreras (1929), exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Condenado a 59 sentencias inapelables por un total de 529 años de prisión: prisión por secuestro, desaparición forzada y asesinato. 
• Marcelo Moren Brito (1935), parte de la cúpula de la DINA, condenado por más de 300 años por violaciones a los derechos humanos.
• Miguel Krassnoff (1946) agente de la DINA, suma más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de 650 años de cárcel.
• Odlanier Mena (1926), exjefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que actuó entre 1977 y 1990. Mena fue condenado a seis años de cárcel como autor de muerte por fusilamiento de tres militantes socialistas.
• Pedro Espinoza (1932), exagente de la DINA. En 2023, fue condenado a 15 años por secuestros y homicidios, condena que se sumó a cientos de causas. 

En la realidad, además de Contreras, Brito, Krassnoff, Mena y Espinoza, había otros cinco cabecillas de los órganos de represión de la dictadura de Pinochet en Penal Cordillera: Hugo Salas Wenzel, César Manríquez, Jorge del Río, David Miranda y José Zara.

Cierre de Penal Cordillera en 2013. Tal y como muestra la película, los exmilitares cumplían sus condenas con comodidades excepcionales, lo que provocaba la crítica de agrupaciones de derechos humanos que pedían su cierre y que los presos fueran encerrados en cárceles comunes. Pero no fue hasta nueve años después de su inauguración cuando el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, ordenó su cierre y determinó el traslado de los reclusos a la cárcel Punta Peuco, el otro recinto que albergaba a otros violadores de derechos humanos durante la dictadura. 

• Como aparece en la película, Piñera tomó la decisión de clausurar Penal Cordillera después de las declaraciones de uno de los militares encerrados, Contreras, que en una entrevista a la CNN negó tener participación en cualquier delito y señaló que los gendarmes (los funcionarios de prisiones) estaban para “sostenerle el bastón” (min. 22:59). 

• Las palabras de Contreras indignaron a las familias de las víctimas y abrieron un intenso debate social sobre las condiciones en las que vivía este grupo de hombres: baños privados, agua caliente, televisión, ordenadores y jardines. Así lo muestran los mismos informes del Poder Judicial.

• Los excolaboradores de Pinochet se resistieron a la medida y uno de ellos, Odlanier Mena, aprovechando un permiso penitenciario, se suicidó en su domicilio antes del traslado. Algo que también muestra la cinta.

• Finalmente, los nueve reclusos restantes (cuatro en la película) fueron trasladados al Punta Peuco en mitad de la noche, entre gritos de rechazo de centenares de personas que, pese a la hora, les esperaban a la salida. Así lo recoge un reportaje de la televisión local Canal 13, que también muestra la llegada de los militares a Punta Peuco, un recinto con mayores medidas de seguridad e infraestructura acorde a una cárcel.

Bonus track, el centro Punta Peuco. La película termina aquí, sin embargo, la polémica sobre las condiciones privilegiadas de reclusión de quienes lideraban la represión militar durante la dictadura de Pinochet continúa vigente. 

• Una petición de transparencia a Gendarmería en 2013 realizada por Radio Universidad de Chile destapó que el Estado gastaba cinco veces más en cárceles que recluían a exmilitares de Pinochet que en prisiones comunes. En concreto: por cada peso que el Estado gastaba en un recluso de una cárcel común, invertía más de tres en la manutención de un interno del penal de Punta Peuco y más de cinco por cada preso de Penal Cordillera.

• Asociaciones de Derechos Humanos y de familiares de víctimas siguen pidiendo el cierre de Punta Peuco al actual presidente de Chile, Gabriel Boric, que descarta su clausura.