Castilla-La Mancha plantea una Oficina de Integridad. Esta se encargará, por ejemplo, de autorizar a los cargos públicos cesados su nuevo destino laboral o de prohibirles que empresas con las que hayan tenido relación les contraten hasta pasados dos años. Así lo establece el Proyecto de Ley de Integridad Pública que se tramita en las Cortes de Castilla-La Mancha.
A nivel estatal, la ley de transparencia o la ley de altos cargos son algunas de las principales normativas que reglan la integridad de los gestores públicos.
“La ley de altos cargos no cubre ciertos supuestos. Hay que completarla con un código ético, que supone una autorregulación por parte de los políticos y que no haya abusos de poder”, dice Elisa de Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. La organización ha presentado un Código Ético del Gobierno, un proyecto en el que colaboran con la organización impulsora, España Mejor, con el objetivo de que lo tomen en cuenta en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Este documento propone 99 compromisos a aplicar por los miembros del Gobierno. Asesores, viajes, regalos, comunicación, transparencia o conflictos de interés son algunos de los apartados en los que se agrupan estas medidas. Un asesor independiente y la Oficina de Ética velarán por su cumplimiento.
Este tipo de códigos existen en países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o Francia, pero también en España a nivel autonómico: regiones como Castilla y León o País Vasco, entre otras, cuentan con uno.
Junta de Castilla la Mancha
Entrevista a Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho
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