Después de tres años opositando y dos intentos fallidos, Victoria Navarro (30 años) al fin es funcionaria.
Esta joven estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Albacete y después dedicó año y medio al máster de Abogacía, por si su ‘plan A’ no llegaba a buen puerto. “Estuve un año entero poniendo copas en una discoteca solo para ahorrar de cara a la oposición, y conseguí cubrir dos años”, cuenta por teléfono. Al principio, dormía por la mañana, estudiaba por la tarde y trabajaba por la noche, hasta que decidió dedicarse de forma íntegra a sacarse la plaza como ayudante de instituciones penitenciarias, que es su actual oficio en Murcia.
Lo suyo es vocacional, pero reconoce que “no suele ser la primera opción”. Navarro cuenta que muchos de sus compañeros eligen la vía de la oposición “una vez visto que no encuentran trabajo de lo suyo o que llegan cansados de las malas condiciones del mercado laboral”.
España es el país con la tasa más alta de paro juvenil de toda la Unión Europea, según Eurostat, y la vía pública ofrece no solo mejores sueldos, sino un trabajo estable sin preocupaciones de temporalidad o cambios repentinos.
Desde 2015, la oferta de empleo público no ha hecho más que aumentar hasta alcanzar la cifra actual anunciada hace una semana: 40.146 plazas de la Administración General del Estado (AGE).
“Creemos que tanto ahora como en los próximos años las oportunidades para conseguir plaza en la AGE van a seguir creciendo”, indica Jacobo Fariña, CEO de la academia online Oposita Test. La academia calcula que este año se están preparando una oposición o ya se han preparado una más de dos millones de personas, según su último estudio.
A pesar de que las distintas comunidades autónomas convocan sus propias plazas, las oposiciones de la AGE “son las más masivas”, explica Alejandro García, socio de Socilegal Abogados, especializado en función pública. “Se necesita mucha gente y se suelen convocar anualmente, sobre todo en puestos C1”, incide.
¿Hay ahora más funcionarios que antes?
Sí, pero no siempre fue así. Durante los años de la crisis, “las plantillas administrativas se iban adelgazando progresivamente, en paralelo a las restricciones en las nóminas”, cuenta Antoni Ferré, profesor de la Universidad de Barcelona, especialista en servicios públicos y justicia administrativa. El segundo motivo, explica Ferré, tiene que ver con que el Estado “ha abusado extraordinariamente de la interinidad, sobre todo en materia de sanidad y educación”.
Consulta aquí el reparto de plazas de oposiciones por ministerios año a año.
Por otro lado, con la llegada de la pandemia, academias como Oposita Test notaron un creciente aumento en el interés por opositar. Fariña cuenta que entre sus alumnos de nuevo ingreso entraron “personas que sufrieron un despido y comprobaron de primera mano la inestabilidad del sector privado”.
La academia se vuelve una protagonista en este proceso, donde “la mayoría de los opositores necesitan una”, remarca Navarro. “Te sostienen durante el trayecto, te informan de lo que ocurre y aparece en el BOE, y te ayudan a conocer gente que está en tu misma situación”.
En su caso, dedicaba 100 euros al mes de su presupuesto solo a la academia. El abogado García cuenta que los precios de las academias oscilan entre los 80 y los 90 euros al mes para oposiciones populares, y aumentan de precio conforme sube el rango.
Por ejemplo, en plazas de A2 o A1, “hay quien opta por buscar un preparador personal”, explica. Pero Navarro insiste en que lo más complicado es mantenerse y, sobre todo, cubrir las necesidades del día a día “sin tener un trabajo remunerado como tal”. Por eso muchos jóvenes utilizan el subsidio por desempleo para opositar.
El promedio para conseguir plaza “es muy relativo, y depende de las posibilidades de la persona, el tiempo y el tipo de plaza”, dice Fariña.
Ferré subraya que la plaza pública es la única vía para carreras que tienen “difícil entrada al mercado laboral” y la oposición se convierte en la “salida natural”, como es el caso de Nuria Montero. Esta madrileña de 26 años es doble graduada en Criminología y Trabajo Social, y después de pasar un año buscando trabajo de lo suyo mientras enlazaba puestos de cajera, encuestadora, profesora particular o empaquetadora de mascarillas, decidió opositar para un puesto en la Administración General del Estado (C1). ¿Sus funciones? Elaborar informes, gestión presupuestaria, contratación administrativa… “Todo superdivertido”, dice irónicamente.
Al final, detrás de horas de estudio y sacrificios laborales se encuentra la promesa de un horario cerrado, días de asuntos propios, bajas remuneradas y conciliación familiar. Montero cuenta que su madre, la única funcionaria de su familia, siempre ha dicho que le compensa más cobrar menos y tener un horario que le permitía pasar las tardes sus hijas. “No pretendo hacerme rica, pero sí vivir bien”, dice.
METODOLOGÍA
Para calcular los datos de ministerios se ha utilizado el buscador avanzado de la Secretaría de la AGE, y se han contabilizado las plazas estatales. Dentro de ellas, se encuentran varias delegaciones estatales a gobiernos autonómicos y locales que se han aglutinado en ‘otros’.
Para determinar durante seis años cuáles son los ministerios con más plazas se ha priorizado a Sanidad en las fusiones.
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