Contratar a población extranjera en situación irregular es un delito contra los derechos de la población migrante en España y contra los derechos de los trabajadores. Estas son las penas, de cárcel y económicas, a las que se enfrentan quienes llevan a cabo esta práctica.
Desde enero del 2000 existe la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Gracias a ella se creó el título XV bis en el Código Penal, que regula los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y se modificó el artículo 312 de los delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delito contra los derechos de los trabajadores. El artículo 311 del Código Penal sostiene que serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses:
Además, conforme al artículo 311 bis, si el empresario da ocupación a ciudadanos extranjeros -mayores o menores de edad- que carezcan de permiso de trabajo “de forma reiterada”, será castigado con pena de prisión de tres a 18 meses o una multa de 12 a 30 meses, “salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código”, dicta la norma.
El artículo 312 también hace referencia a estos delitos: “Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra”. También quienes empleen a “súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”. Estos derechos vienen recogidos en el siguiente punto.
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o migrantes. El artículo 318 bis del Código Penal detalla las siguientes penas de carcel por relacionadas con la contratación de ciudadanos migrantes:
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Código Penal