Con la aprobación del dictamen, la presencia de las mujeres en los consejos de administración de cualquier empresa cotizada podrá superar el 60%, pero la de los hombres no.
El Congreso de los Diputados debate este jueves, 27 de junio, el dictamen del proyecto de ley de representación paritaria. La iniciativa traspone la directiva europea que busca una representación más equilibrada de mujeres y de hombres entre los administradores de las sociedades cotizadas.
Próximos pasos. Si la Cámara Baja aprueba la norma en una votación final por mayoría absoluta –176 síes– debido a su carácter orgánico, esta será remitida al Senado para que continúe su tramitación parlamentaria.
Durante su recorrido por la comisión de Igualdad, el texto inicial ha sufrido una serie de modificaciones por la incorporación de diferentes enmiendas:
Romper con la regla del 60/40. La iniciativa obligaba a que debía haber un mínimo de un 40% de mujeres y que el sexo predominante no podía superar el 60% en empresas cotizadas. No obstante, debido a una enmienda de Podemos, se permitirá no cumplir con la regla del 60/40 si el género predominante es el femenino, pero “deberá justificarse”.
Excepciones. Ahora, los colegios profesionales no estarán sujetos a la regla del 60/40, pero sí tendrán que nombrar a una persona responsable de la coordinación en materia de igualdad.
Por su parte, no se exigirán listas cremallera en el País Vasco ni en aquellos municipios que cuenten con entre 3.000 y 5.000 residentes, aunque estos últimos sí deberán garantizar que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.
Corporación RTVE. ERC consiguió que se incluyera en el dictamen de este proyecto de ley una de sus enmiendas con el objetivo de garantizar la representación paritaria de mujeres y de hombres también en los miembros de los Consejos de Informativos de RTVE. Es decir, que debe haber un mínimo de un 40% de cada uno de los sexos.
Agentes de igualdad. Para acceder a la profesión de agente de Igualdad, se requerirá un título de grado, de postgrado o equivalente basado en estudios de género, feministas y de políticas públicas de igualdad. Para ello, el Gobierno dispondrá de seis meses para aprobar una propuesta que establezca el carácter oficial de dicho título.
