El TC ordena reducir la condena de la exministra Magdalena Álvarez por los ERE de Andalucía

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado “parcialmente” el recurso de amparo de Magdalena Álvarez, exministra socialista y exconsejera de Economía en Andalucía, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en el caso de los ERE de la misma región, según ha comunicado la corte de garantías. 

• Contexto. Álvarez fue condenada por la Audiencia Provincial de Sevilla y Sala Penal del Tribunal Supremo en 2019 por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias.

La exministra recurrió la sentencia al considerar que “la elaboración de anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no son constitutivas del delito de prevaricación porque no pueden considerarse resoluciones recaídas en un asunto administrativo”, refiriéndose a los anteproyectos y proyectos de ley de 2002 a 2004.

• El TC le da razón al considerar que esos hechos no pueden ser calificados de resolución administrativa injusta y, por tanto, “que los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación”.

• No se estiman así las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001 por las que también fue condenada.

• Es por ello que la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, ha anulado la sentencia y obliga a la Audiencia de Sevilla a redactar un nuevo fallo que rebaje sustancialmente la pena con relación al delito de prevaricación.

El tribunal ha explicado que “si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor”.

El fallo será clave para resolver los otros diez recursos pendientes de condenados por los ERE, ya que abre la puerta a anular o rebajar las condenas dependiendo de su grado de responsabilidad en los hechos.