El Fondo Monetario Internacional (FMI) abogó por la aprobación del esquema de renta global en Costa Rica. La misión que llegó este mes de noviembre recomendó a los diputados avanzar con el proyecto de ley que presentó el gobierno, pero que está empantanado desde agosto del 2023 en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
Se trata del expediente 23.760, que inicialmente se tramitó por tres meses en la Comisión Especial sobre Paraísos Fiscales y luego se remitió al foro hacendario, donde ni siquiera se han hecho las consultas relacionadas con la iniciativa legal a las instituciones involucradas.
El 4 de noviembre, en declaraciones a la prensa después de la reunión con los representantes legislativos, el jefe de la misión del FMI, Ding Ding, mencionó la reforma al impuesto sobre la renta como uno de los proyectos sobre los que el Fondo había expresado interés.
La misión enfatizó a los jefes de fracción la importancia de mover la agenda de reformas tributarias.
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Lo que más interesa al FMI es que la reforma plantea un cambio en el sistema de impuestos, para que las personas tributen considerando todas sus rentas, activas o pasivas, incluyendo si tienen inversiones fuera del país que generen ingresos de capital.
Esta modificación legal iría en línea, según el criterio del Fondo, con los sistemas tributarios que tienen la mayoría de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Costa Rica forma parte desde el 2021, y que además se vincula con la asistencia técnica que el FMI le ha dado al país.
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios y quien asistió a la reunión con el Fondo Monetario, reconoció que el ente internacional considera conveniente que el país simplifique su estructura tributaria a través de esa iniciativa legal. Sin embargo, cuestionó la viabilidad del plan presentado por el gobierno.
La legisladora aseguró que todas las fracciones políticas podrían estar de acuerdo en el modelo de que una persona pague impuestos con base en un solo registro que incluya todos sus ingresos, pero no con otros cambios al tributo que contiene la iniciativa.
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Específicamente, la verdiblanca mencionó la reforma que aumentaría la carga de impuestos para pequeñas y medianas empresas, que pasarían de pagar tasas del 5% o el 15% a una sola tasa del 30%.
Ramírez manifestó que esa propuesta le quita toda la viabilidad política al expediente 23.760. También, subrayó que se ha conversado con el gobierno para que le presente modificaciones, que un año y tres meses después no han llegado.
La titular de Hacendarios afirmó que tampoco se han promovido desde el Poder Ejecutivo ni las consultas ni las audiencias necesarias para conocer los criterios sobre el plan y los cambios que afectarían a varios sectores.
“No han dado muestras de interés, en lo absoluto. Este proyecto lo que tiene son nuevos impuestos”, dijo y agregó que la iniciativa elimina la transferencia de recursos para el Sistema de Banca para el Desarrollo, lo cual tampoco es bien visto por las bancadas legislativas.
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Frente a los criterios de Ramírez, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló a La Nación que la Comisión de Hacendarios no ha convocado a nadie ni han tenido voluntad de que el texto avance.
“Nosotros presentamos un proyecto comprensivo y avalado por el FMI. Ellos no lo consideraron viable, así que no es solo responsabilidad del gobierno”, agregó el jerarca hacendario.
