Cuando se construye un puente o una carretera, especialmente en las rutas nacionales, es común escuchar sobre la labor del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Este laboratorio de la Universidad de Costa Rica (UCR) tiene la función de fiscalizar, es decir, supervisar que las concesiones de obras viales se ejecuten de acuerdo con el cartel de licitación, que los materiales sean adecuados, que cumplan con las especificaciones mínimas y que los recursos se utilicen de manera eficiente. Puede sonar ambiguo, pero se lo explicamos paso a paso:
En cada cartel de licitación de una obra de infraestructura vial, ya sea un puente, una carretera o pavimentación de agujeros, se incluye una especificación técnica de los materiales, cuyo objetivo es asegurar la estabilidad, calidad y durabilidad de la obra construida con fondos públicos. Por esta razón, durante el proceso constructivo, el Lanamme realiza auditorías y ensayos de laboratorio para comprobar que los elementos como asfaltos, concretos, acero de refuerzo, vigas, alambres y varillas cumplan con las características estipuladas en los contratos.
Con los resultados obtenidos de sus visitas y pruebas, el Lanamme emite oficios basados en un criterio técnico y objetivo, en los cuales sugiere recomendaciones para que la administración del proyecto realice mejoras en la obra, o bien, señala si se han detectado vicios en el proceso. En esta etapa, la empresa constructora puede aceptar o rechazar las observaciones, que van desde recomendaciones preventivas hasta exigencias de mejoras urgentes.
Al concluir el proceso, el Laboratorio elabora un informe con los resultados de todas las auditorías técnicas, el cual se envía a las autoridades encargadas de garantizar la eficiencia y eficacia en el uso de la inversión pública, según lo estipula la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria (N.° 8114). En sencillo: el Lanamme le informa a la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de la Presidencia y la Defensoría de los Habitantes si la obra se ejecutó conforme al cartel de licitación o si hubo incumplimientos.
A raíz de estas inspecciones, solo este año se han detectado malas prácticas y deficiencias en la construcción de los puentes en la ruta 32, los riesgos para los usuarios en el puente peatonal frente al Hospital México y las debilidades que tenían los diseños del paso a desnivel frente a la Facultad de Derecho a la UCR, que luego se inundó, por nombrar algunos ejemplos.
Además, el Lanamme tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de la red vial tanto nacional como cantonal. Su mirada atenta se fija sobre la eficiencia en el uso de los fondos públicos destinados a la contratación de empresas para la construcción y conservación de la infraestructura vial como un ente externo de control.
Cuando hay un hueco en la calle, al Lanamme no le corresponde repararlo. Su labor en estos casos se centra en dos etapas: la primera de ellas en verificar que la administración encargada de la construcción de la carretera, que generalmente es el gobierno o empresas privadas adjudicadas, esté realizando un trabajo adecuado para evitar futuros desperfectos.
Sin embargo, cuando sí se presentan los huecos, el Laboratorio debe verificar que la reparación se ejecute de manera adecuada y que los materiales empleados sean de alta calidad. En este sentido, la fiscalización del Lanamme abarca tanto proyectos concluidos como aquellos en ejecución.
“Hacemos ensayos relacionados con calidad de la de los materiales, el tipo de agregado, el tipo de asfalto y si eso que se está diseñando para tapar ese hueco es lo suficientemente resistente para soportar el paso de los vehículos. También revisamos que la cantidad de los materiales que se mezclan sean una mezcla ideal”, explicó Rolando Castillo Barahona, director del Lanamme, en entrevista con La Nación.
“Hay que cambiar, hacer un cambio de cultura de que las cosas hay que hacerlas bien. Tenemos que hacerlas bien y no salir del paso por terminar el proyecto porque al fin de cuentas, por correr, dejamos cositas tal vez no terminadas de la mejor forma. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con la apertura de Circunvalación”, agregó.
Como entidad adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, el Lanamme cuenta con los ejes de docencia, investigación y acción social. En la parte de docencia, supervisa las actividades relacionadas con los cursos universitarios donde se imparte conocimiento sobre la mecánica de sólidos, las características de los suelos (si son arcillosos, arenosos o rocosos) y su capacidad para soportar edificios o casas, así como el comportamiento y desplazamiento de las estructuras, entre otros temas.
En el ámbito de la investigación, el Lanamme recibe a los estudiantes con sus trabajos finales de graduación y elabora informes anuales que evalúan la infraestructura vial en todo el territorio nacional, así como sus propios manuales técnicos que generan un marco de acción estandarizo sobre la calidad de materiales y procedimientos constructivos. Además, para abordar el eje de acción social, cuenta con la Unidad de Auditoría Técnica, encargada de fiscalizar los proyectos de infraestructura vial concesionados en todas sus etapas.
Para dar inicio a las auditorías técnicas, primero deben comunicarse con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y explicar, en una reunión, cuál será su labor y el alcance de la auditoría. Desde el primer día de la construcción, el equipo realiza visitas al sitio para hacer ensayos de los materiales.
Además, antes de emitir el informe final, el Lanamme convoca a las partes involucradas y les presenta los insumos, para que tengan la oportunidad de ofrecer una respuesta o sugerencias para mejorar algún aspecto del documento. Una vez recibida la respuesta, se procede a la entrega final a las autoridades contempladas en la Ley 8.114.
El director del laboratorio enfatizó que, aunque no pueden estar presentes en todos los proyectos de construcción, sí supervisan aquellos situados en puntos estratégicos, como la carretera de Circunvalación o el tramo Cañas-Limonal.
“A veces nos dicen que nosotros llegamos solamente al final y decimos que las cosas están malas al final, pero en un proceso de auditoría yo no puedo comunicar esas notas, informe o los resultados de los ensayos a la prensa o a la gente; yo solo se lo puedo comunicar a la administración y la administración tiene que tomar decisiones al respecto (...) Más bien, estuvimos a lo largo todo el proyecto indicándole al responsable que hay cositas que hay que arreglar”, añadió Castillo.
El Lanamme recibe parte de financiamiento de la Universidad de Costa Rica, a través de las asignaciones o subsidios que disponga la Escuela de Ingeniería Civil u otras instancias de la casa de estudios. Sin embargo, la gran mayoría de su presupuesto proviene de la Ley 8.114.
De acuerdo con esta legislación, anualmente se debe destinar el 1% del monto recaudado por el Impuesto Único a los Combustibles al Laboratorio. Este porcentaje es entregado a la Tesorería de la UCR, que supervisa el uso de esos recursos para garantizar la calidad de la red vial costarricense. Además, estos fondos no afectan de ninguna manera la distribución del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES).
El resto de lo recaudado con el impuesto se destina al Ministerio de Hacienda, para que lo gire a otras instituciones como el Conavi y las municipalidades que dan atención de la red vial nacional y cantonal.
“Cada vez que vamos a ponerle gasolina al carro, hay un poquitito de esa plata que va hacia el Lanamme. Y también vale mencionar que de esa plata también va para el Conavi para mejora de carreteras, va para las municipalidades, así como y también para la caja única del estado. Pero de eso que se recoge, un poquitito muy pequeñito va para el Lanamme”, finalizó Castillo.
En los últimos años, el Laboratorio ha externado su preocupación por las reducciones presupuestarias, ya que han recibido montos inferiores a lo estipulado por la ley 8.114, lo que le impide operar plenamente. Estas reducciones comenzaron en el 2020, cuando, por ley, debía recibir ¢4.935 millones, pero se le asignaron ¢3.701 millones en el presupuesto ordinario de la República.
Entre 2022 y 2023, se le asignó un 22,2% y un 46,5% menos en el presupuesto, en comparación con lo establecido por la legislación. No obstante, en ambos casos también se le designaron ¢2.000 millones y ¢1.000 millones adicionales en el presupuesto extraordinario, respectivamente, lo que le ha permitido continuar operando y evitar un cierre técnico.
