Un comité conformado por cuatro instituciones públicas, el PNUD y un representante municipal aprobó, desde setiembre del 2023, destinar $30.000 de un donante internacional al anteproyecto del parque del agua que la diputada oficialista, Pilar Cisneros, pretende construir en la propiedad heredada al Estado por Lorne Ross, en Santa Ana, con fuentes y luces artificiales.
Dicho comité administra el proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana y Generación de Beneficios Ambientales Globales (conocido como TEVU), el cual es ejecutado por la Organización para Estudios Tropicales. Los fondos provienen de una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).
La junta directiva la dirige el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con la participación del Ministerio de Hacienda, el Ministerio Vivienda y Asentamientos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), así como un representante de municipios y el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El PNUD, que proporciona supervisión técnica y actúa como garante del donante, informó de que, el 7 de setiembre del año pasado, el comité autorizó “realizar estudios y diseños preliminares para un parque en el área metropolitana (GAM), basado en la naturaleza e inspirado en el agua”.
La Organización para Estudios Tropicales emitió un contrato el 5 de noviembre de 2023, por un monto de ¢16 millones ($30.000). Este es el gasto que confirmó el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, el pasado 8 de octubre.
Franz Tattenbach admite gasto de $30.000 en parque del agua promovido por Pilar Cisneros
No obstante, existe oposición vecinal a la idea del parque del agua, al tiempo que el Partido Liberal Progresista (PLP) puja por dar un fin natural a la finca donada por Lorne Ross en 1975, la cual está a ambos lados de la ruta 27 y actualmente contiene un ecosistema que sirve de refugio de especies amenazadas en el Valle Central.
El PNUD confirmó que los $30.000 fueron solicitados por el Minae.
Al consultársele si el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) autorizó el gasto, el Programa de Naciones Unidas respondió que este proyecto opera mediante un reabastecimiento de fondos cada cuatro años.
“Después de cada reposición de fondos, los países aplican a ventanas de financiamiento temáticas. El Gobierno de Costa Rica eligió al PNUD como la agencia implementadora para el proyecto mencionado anteriormente. El GEF aprueba proyectos con sus respectivos presupuestos, tal como los presentan los países. Por lo tanto, de acuerdo con los propios procedimientos del GEF y los del PNUD, las actividades que son elegibles y están alineadas con un documento del proyecto que ha sido aprobado por el GEF, pueden ser implementadas una vez se haya obtenido la aprobación del comité directivo”, respondió la organización internacional.
¿Qué riqueza encierra el parque Lorne Ross, objeto de polémica política en Santa Ana?
El 6 de febrero de 1975, Lorne Pringle Ross Ashey y Agnes May Spencer acordaron ceder al Estado una propiedad de 53 hectáreas para crear un parque zoológico y botánico nacional. Esta propiedad fue administrada por Fundazoo durante 20 años, pero el contrato venció en mayo de 2024 y, desde entonces, el Estado tiene el control.
Durante generaciones, la finca se dedicó a la agricultura, la conservación y el mantenimiento de una construcción colonial del siglo XVIII. Actualmente, el terreno es objeto de una disputa política. Pilar Cisneros impulsa el proyecto de fuentes y luces artificiales, inspirado en un parque de Lima, Perú. En contraste, la diputada Kattia Cambronero, del PLP, propone destinar las hectáreas a un proyecto de conservación natural bajo la administración de la Municipalidad de Santa Ana.
El PLP presentó en marzo de 2023 el expediente de la Ley de Creación del Parque Natural Urbano Lorne Ross, con el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico sostenible en Santa Ana. No obstante, la fracción oficialista interpuso 45 mociones en contra del proyecto, lo que ha impedido su avance hacia la discusión en el Plenario.
Anteriormente, Cambronero denunció que el gobierno contrató a la firma Black Waters para desarrollar un anteproyecto valorado en $30.000, financiado con recursos del TEVU. Además, advirtió de que el costo total del proyecto podría ascender a $19 millones.
