El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ignoró cuatro registros que advertían que las dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, en Gandoca-Manzanillo, en las cuales el Ministerio Público sospecha que se otorgó un permiso de tala ilegal, estaban cubiertas de bosques y humedales, es decir, que eran zonas protegidas.
Dichos terrenos, que en conjunto miden 15,4 hectáreas (ha), están incluidos en al menos dos mapas oficiales de cobertura forestal y boscosa del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y del Sinac.
Además, están amparados por la convención internacional sobre humedales Ramsar desde 1995, al formar parte de uno de los 12 sitios en Costa Rica protegidos por ese tratado intergubernamental: el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
El cuarto registro obviado también tiene que ver con una protección internacional. Desde 1994, el Refugio fue declarado como una área de importancia ecológica o biológica (EBSA, por sus siglas en inglés), según el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas.
El hecho de que esas dos fincas estuvieran cubiertas de bosque hacía imposible que el Sinac otorgara una autorización para talar bajo la modalidad de inventario forestal, para la cual se requiere que no exista bosque, según la Ley Forestal y su reglamento. No obstante, el Sinac concedió el permiso a Pacheco Dent.
Tampoco se podía drenar, secar, rellenar o eliminar humedales —tal como la Fiscalía Adjunta Ambiental presume que ocurrió—. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre sanciona ese delito con penas de uno a tres años de cárcel.
En reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, han negado que existan irregularidades en el otorgamiento del permiso de tala.
En conferencia de prensa, el 17 de julio anterior, el mandatario interrumpió a Tattenbach y dijo: “Pero póngalo así, muy fácil, señor ministro, estaba todo en orden de acuerdo a la ley”. De inmediato, este aseguró que sí. “¡Diay! que investigue la Fiscalía”, manifestó entonces Chaves.
Las dos fincas bajo la lupa del Ministerio Público aparecen en el mapa de cobertura boscosa de Fonafifo 2000. Esa categoría implicaba que, de manera preventiva, el Sinac no podía tramitar ni aprobar ninguna corta de árboles, según un decreto del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) que data del 2003 y dos resoluciones administrativas del Sinac.
Así consta en los considerandos quinto y sexto de la resolución N.° 011-2024-ACLAC-SLT, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe, del Sinac, mediante la cual se autorizó la tala en las fincas de Pacheco Dent, el 12 de abril anterior.
La autorización se emitió pese a que ambas propiedades figuran en ese mapa y a pesar de que se cita la medida preventiva en los considerandos.
Tampoco incidió el hecho de que la regente forestal Marlen Camacho Calvo, contratada para realizar el inventario de los árboles por cortar, en un plazo de tres meses cambiara de criterio sobre la presencia de zona boscosa en esas dos fincas.
Camacho primero dijo que el 66% de esos terrenos tenía bosque, pero después negó la existencia de ese tipo de ecosistema en una de las fincas.
En el mapa de cobertura forestal 2023, elaborado por el Sinac y el Minae, las dos propiedades también aparecen cubiertas de bosque primario y secundario, así como de yolillales, que es un tipo de humedal que se encuentra en las costas costarricenses.
Dicha cobertura aparece en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), del Instituto Geográfico Nacional y confirma la presencia de humedales.
Otro registro que confirma la presencia de humedales en ambas fincas es la convención Ramsar. Desde 1995, el refugio Gandoca-Manzanillo es un sitio protegido por ese tratado intergubernamental y, desde entonces, su delimitación no ha variado. Así se puede observar, incluso, en el mapa de la zona que la convención tiene colgado en su sitio web.
Comprende 9.445 ha, donde hay arrecifes coralinos, variedad de peces y moluscos, lagunas costeras, bosques anegados y playas de arena blanca. Este sitio representa una de las áreas más importantes para el desove de la tortuga baula y carey en el Caribe sur.
El país adquirió este compromiso porque se trata de humedales de importancia planetaria debido a su riqueza biológica y su función de refugio de aves acuáticas migratorias estacionales.
Se trata de ecosistemas donde el agua es el principal factor que controla el entorno y la vida vegetal y animal. En términos biológicos, tienen una cobertura hídrica casi permanente, cuya vegetación es hidrófila, es decir, absorbe agua con facilidad y su suelo es permeable.
En Costa Rica, existen 12 humedales reconocidos internacionalmente según Ramsar, sumando aproximadamente 570.000 hectáreas. En total, el país cuenta con 1.800 humedales, que representan el 7% del territorio nacional (3.577 kilómetros cuadrados).
Además, el Refugio está declarado Área de importancia ecológica o biológica, según el Convenio sobre Diversidad Biológica, un tratado internacional jurídicamente vinculante que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Costa Rica lo ratificó casi un año después, el 24 de noviembre de 1994.
El área de Cahuita y Gandoca-Manzanillo cumplen con los criterios de EBSA, según el Convenio, dada su importancia regional para la anidación de especies de tortugas marinas en peligro y en peligro crítico de extinción, respectivamente la tortuga verde y las tortugas baula y carey.
Dicha zona, de igual forma, presenta una importante productividad y biodiversidad asociada a sus lagunas costeras, arrecifes de coral, áreas de manglares, pastos marinos, playas arenosas y rocosas, y desembocaduras de ríos.
“La reserva natural Gandoca-Manzanillo es actualmente uno de los dos últimos manglares del país que conserva una conexión estable entre bosque, manglar y océano. Las principales amenazas identificadas son la pesca ilegal, el desarrollo costero, la destrucción y degradación del hábitat, la contaminación del agua, la sedimentación, las malas prácticas turísticas y el cambio climático”, se consignó en la descripción EBSA de la zonificación publicada en el sitio oficial de esa Convención.
Actualmente, la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investigan el permiso de tala otorgado por el Sinac al empresario Pacheco Dent, como representante legal de la firma Playa Manzanillo S. A.
La causa se tramita bajo el expediente judicial N.° 24-00003-1851-PE. Allí, Pacheco Dent y otras cuatro personas figuran como imputados por los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.
Además, la Fiscalía General tiene otro expediente abierto en contra del presidente Chaves y el ministro Tattenbach por un supuesto tráfico de influencias, relacionado con dos fiestas a las que acudieron altos jerarcas del gobierno y personal de Casa Presidencial en una propiedad de la familia de ese empresario, quien registró al menos siete visitas a Zapote entre junio del 2022 y octubre del 2023.
