El fiscal general de la República, Carlo Díaz, remeció el jueves la política nacional al asistir a una comparecencia de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea. En este foro, el jefe del Ministerio Público hizo las siguientes afirmaciones:
Aseguró haber recibido información de que se pagaron $350.000 (¢182 millones) para desprestigiarlo a él por las investigaciones sobre presunta corrupción en el gobierno y para emprender una campaña contra la Sala IV por declarar inconstitucional la “ley jaguar”.
Díaz aseguró tener pantallazos del ofrecimiento de una granja de troles que fue pagada mediante seis bitcóins. La información le llegó de forma confidencial y la pasó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que indague.
El fiscal general también reveló que el Ministerio Público investiga un aparente uso de vehículos decomisados al narcotráfico para vigilarlo a él, así como a diputados, magistrados y “a todo el que se oponga”. Se trata de vehículos que se ponen al servicio del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ente adscrito al Ministerio de la Presidencia. La pesquisa se abrió a raíz de una denuncia.
Díaz narró que, luego de los allanamientos por presunta corrupción en contrataciones de la CCSS, observó a un hombre en actitud sospechosa estacionado cerca de su casa.
El fiscal general agregó que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) no invitó a un seminario internacional sobre el combate al narco, en Atenas, Grecia, a funcionarios que deben estar luchando contra el narcotráfico.
“Vergüenza les debería dar a los que no invitó la DEA y no voy a decir nombres. Me daría vergüenza que la DEA no me invitara, como fiscal general”, dijo.
La afirmación la hizo al referirse a los ataques que ha recibido desde el gobierno de Rodrigo Chaves, luego de los allanamientos por presuntos sobreprecios en los contratos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adjudicó a cooperativas.
Ante los diputados, Carlo Díaz explicó los detalles de su viaje al seminario de la DEA junto con su pareja, una fiscal auxiliar a la que él le pagó el tiquete aéreo y que viajó con un permiso sin goce de salario. La diputada de gobierno, Paola Nájera, cuestionó el hecho de que él viajara con ella.
El miércoles, durante una conferencia en Casa Presidencial, el mandatario Rodrigo Chaves cuestionó al fiscal por su relación. Alegó que debió reportar por escrito, desde un primer momento, el vínculo sentimental con la funcionaria y que violó un reglamento interno del Poder Judicial.
Después de la comparecencia del fiscal, el plenario legislativo aprobó una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico investigue si hay vínculos entre el gobierno y el crimen organizado.
La moción se aprobó con 38 votos a favor y seis en contra; estos últimos fueron de la bancada del gobierno. El texto aprobado menciona la intención del gobierno de construir cárceles de carpas y la decisión de trasladar la Academia Nacional de Guardacostas, de Quepos, Puntarenas, a Pococí, Limón, a 103 de km de la costa más cercana.
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Diputados de oposición denunciaron haber recibido amenazas de los legisladores de gobierno, Pilar Cisneros y Alexander Barrantes, a raíz de la comparecencia legislativa del fiscal y de la aprobación de la moción. Así lo dijeron Vanessa Castro (PUSC), Eliécer Feinzaig (PLP), Sofía Guillén (Frente Amplio), Francisco Nicolás (PLN) y Ariel Robles (Frente Amplio).
Los congresistas escucharon alusiones a supuestos “cobros” y momentos de “pasarles la factura”. Cisneros y Barrantes admitieron haber hecho las manifestaciones, pero las enmarcaron en un supuesto cobro del electorado en el proceso del 2026.
