Reconocer los servicios ambientales de los cuales no beneficiamos constituye un compromiso para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Costa Rica cuenta con casi 30 años de experiencia en el pago por servicios ambientales (PSA) mediante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), que ha sido ampliamente documentado y calificado como un modelo exitoso para el desarrollo y la aplicación de un incentivo para la conservación de la biodiversidad.
Gracias al programa, el país es uno de los pocos que han recuperado cobertura forestal y, a la vez, contribuido al desarrollo rural. La pionera Ley Forestal los define en el inciso k del artículo 3 como “los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medioambiente".
De conformidad con la ley, esos servicios contribuyen a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción); la protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; la protección de la biodiversidad para conservarla y para uso sostenible, científico y farmacéutico; la investigación y mejoramiento genético; y la protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos, entre otros.
Visionariamente, se creó una fuente de financiamiento del 3,5 % de lo recaudado por concepto del impuesto único sobre los hidrocarburos. Posteriormente, se han ido agregando otras fuentes para su sostenimiento, tales como un porcentaje del canon sobre el agua, el mercado doméstico de carbono, convenios voluntarios con empresas y organizaciones por la utilización de los servicios ambientales, la compensación de huella de carbono, préstamos y donaciones de diversas organizaciones.
Respecto al PSA como un incentivo, el Dictamen C-038-02 de la Procuraduría General de la República indica que “configura un aspecto innovador de la Ley Forestal N.° 7575 del 13 de febrero de 1996” y que favorece “la toma de conciencia sobre el papel de los recursos forestales (bosques y plantaciones) para el equilibrio ecológico y la revalorización de las funciones que cumplen como surtidores de importantes servicios ambientales para el país y la humanidad en general; no solo como simples productores de madera".
El marco jurídico e institucional, por su parte, ha ido evolucionando y se le ha incorporado el concepto de reconocimiento de servicios ecosistémicos en otros ámbitos. Si bien se incluyeron disposiciones en la Ley de Biodiversidad de 1998, su interpretación y ejecución no resultan del todo claras.
Por medio de la denominada tarifa hídrica y la metodología para determinarla según la ley de la Aresep, se han integrado gradualmente los costos de proteger los ecosistemas que permiten, en primera instancia, la disponibilidad adecuada del recurso hídrico. Asimismo, se ha extendido el esquema a la actividad agropecuaria orgánica (con la terminología de beneficios ambientales en la Ley 8591). Inclusive, un 0,1 % del impuesto sobre los hidrocarburos debe ser empleado como fuente de financiamiento en estas actividades.
El Decreto 44558-MINAE de este año introdujo el pago de servicios ambientales a ecosistemas de manglar como parte de los esfuerzos hacia el llamado “carbono azul”. También hay progreso en la consolidación del reconocimiento de estos servicios ecosistémicos mediante la aprobación legislativa de la creación del fondo azul de los servicios ecosistémicos marino-costeros, cuyo objetivo es, además del fondo, definir su estructura legal, financiera y operativa para el pago de proyectos que, mediante acciones de conservación, uso sostenible, restauración, investigación, recuperación y generación de capacidades, ayuden a conservar o incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y costeros, y mejorar las condiciones de vida de quienes se ven favorecidos por estos incentivos, especialmente las comunidades costeras.
Se esperaría entonces que el país cuente con instrumentos de conservación de servicios ambientales para la parte terrestre y la marina.
La evolución de la normativa y la política pública en materia de servicios ecosistémicos demuestra la relevancia de compensar a la naturaleza por los bienes y servicios, a la vez que se procura el bienestar de las poblaciones rurales y las actividades productivas.
El modelo estará siempre sujeto a mejora, pero es fruto del esfuerzo durante décadas en pro de un país en desarrollo, que promueve incentivos correctos para las actividades que emplean recursos naturales en armonía con la naturaleza.
Jorge Cabrera Medaglia es abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica. Ha escrito siete libros, entre ellos, “Bioderecho: propiedad intelectual, comercio y ambiente: posibilidades y opciones para establecer sinergias entre los sistemas de propiedad intelectual y los tratados ambientales”. Es columnista de La Nación desde el 2008.
