El estudio actuarial del fondo de pensiones del IVM destacó las limitaciones que tiene el régimen para brindar beneficios a las personas adultas mayores. Al cierre del año pasado, las proyecciones mostraron que, de las 573.225 personas de 65 años o más, el IVM solo brindó una jubilación por vejez a 210.292 afiliados; esto es, al 36% de dicha población.
En el informe Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se alerta de la brecha en la cobertura para la población adulta mayor.
Las cifras muestran que 362.933 personas quedaron excluidas de la protección del fondo en el 2023, y que el número de personas en esta condición será más del doble en los próximos 30 años: llegaría a 724.786 en el 2054, según las estimaciones del estudio.
Las estimaciones muestran que la brecha entre jubilados del régimen de IVM y quienes no son beneficiarios tiende a reducirse en los próximos años. Sin embargo, el informe advierte de la necesidad de elevar el nivel de cobertura, ya que el envejecimiento de la población costarricense hará que cientos de miles de personas estén en riesgo de no contar con una jubilación a partir de los 65 años.
IVM entrará en fase crítica a partir del 2035
Del resultado del estudio hay que excluir a las personas jubiladas del Magisterio Nacional, el Poder Judicial y el Régimen No Contributivo (RNC). A diciembre del 2023, eran 151.531 los beneficiarios, de los cuales el 93% (141.635) eran del RNC y reciben un pago de ¢82.000 por mes.
El estudio actuarial sobre el IVM reveló que el fondo enfrenta un déficit actuarial de ¢74,6 billones, lo que compromete su capacidad para financiar las jubilaciones futuras. De hecho, el sistema entrará en fase crítica a partir del 2035.
Las dificultades en la cobertura del IVM para la población adulta mayor en las próximas décadas tienen su origen en el actual nivel de informalidad en el mercado laboral costarricense.
En la más reciente Encuesta Continua de Empleo, correspondiente al trimestre comprendido entre mayo y julio pasado, el nivel de empleo informal en el país fue del 39,6%, lo cual equivale a 869.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Para Pablo Sauma, economista y exdirectivo de la Caja, una gran cantidad de las personas que no cotizan a ningún régimen llegan a la edad de retiro y continúan trabajando. En muchos casos, agregó, estas personas siguen trabajando, o bien terminan dependiendo de la familia, al no contar con una pensión no contributiva.
“Este problema debe incorporarse en la discusión de la reforma al sistema de pensiones por parte de la Supén (Superintendencia de Pensiones) porque cada vez hay más peticiones de beneficio y el monto tiene años de estar congelado en ¢82.000″, destacó Sauma.
Por su parte, Édgar Robles, exjerarca de la Supén, recalcó que el fondo del IVM no está estructurado para incorporar a más personas, ya que sus finanzas se desequilibran mientras se reduce la cobertura.
“El sistema no solo es insolvente, sino que cada vez habrá menos personas cotizando y quienes consolidan el derecho de jubilación son las personas de mayores ingresos. Entonces, el régimen de pensiones lo que está haciendo es empeorando la distribución de la renta entre personas mayores de 65 años”, subrayó Robles.
Para el exsuperintendente, la Caja reconoce en el estudio actuarial que el sistema fomenta la informalidad debido a su estructura. “En sus proyecciones (las de la CCSS), la informalidad continuará creciendo, lo cual es inaceptable para un régimen del pilar básico. Más bien, deben enfocarse en cómo cubrir a más personas”, consideró.
La forma de atender el reto de la cobertura de jubilación en la vejez, desde la perspectiva de la Supén, no es centrarse de forma exclusiva en el fondo del IVM, sino hacerlo de manera integral en el Sistema Nacional de Pensiones.
Rocío Aguilar, jerarca la Superintendencia, cree que la manera de lograr el objetivo de la atención en la adultez es mediante la pensión básica universal, la cual busca garantizar un ingreso mínimo a todas las personas durante la vejez, mediante un fondo de reparto desligado del salario y financiado mediante redistribución de cargas sociales.
“Elevar la cobertura es un tema muy relevante. Actualmente, ya hay más de 200.000 personas que no tienen una pensión. Y esta situación hacia adelante se recrudecerá, porque la población adulta mayor se cuadriplicará”, puntualizó la jerarca.
Para la funcionaria, enfrentar este reto de la sostenibilidad de las pensiones no puede ir ligado a un aumento de cuotas, porque ello lleva a un aumento en la informalidad.
“En la etapa muy temprana del trabajo independiente, el peso de la contribución hace a las personas renunciar a la afiliación de la Caja, esperando hacerlo más adelante. Pero no ocurre la mayoría de las veces”, afirmó Aguilar.
Para Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, ampliar la cobertura en la jubilación es una labor que no solo corresponde al IVM, el Magisterio Nacional y el Poder Judicial, desde los regímenes básicos: también al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), porque solo incluye a los asalariados y deja por fuera al trabajador independiente.
“Las pensiones voluntarias tampoco tienen un auge importante y los recursos que van al Régimen No Contributivo son limitados. Estos temas deben discutirse, pero la toma de decisiones no está al alcance de la institución”, criticó Barrantes.
El jerarca consideró que en la discusión estructural iniciada por la Supén desde mayo anterior, el IVM tendrá un peso relevante, porque de todos los sistemas de jubilación, tiene el componente social.
