El Tribunal Contencioso Administrativo descongeló la suspensión provisional que pesaba sobre el decreto ejecutivo 44263-MOPT, que permite que el gobierno transfiera tramos de la red vial nacional a las redes cantonales, que son administradas por las municipalidades.
Este decreto ejecutivo fue publicado en setiembre del 2023 con las firmas del presidente Rodrigo Chaves y el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y entró a regir el pasado miércoles 10 de julio. Sin embargo, recibió fuertes críticas por parte de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
Tanto ANAI como la UNGL están en contra de la iniciativa, ya que alegan que el traslado de rutas se haría sin darles los recursos presupuestarios necesarios para atender los 3.071 kilómetros de vías tanto terciarias como secundarias.
Para frenar la aplicación del decreto, el 11 de julio la Municipalidad de Santa Bárbara solicitó una medida cautelar provisionalísima, alegando que la decisión del gobierno podría afectar el buen funcionamiento de la corporación municipal, los fondos públicos y el mantenimiento y la condición de las rutas actuales.
Además, el alcalde de Santa Bárbara, Víctor Hidalgo, pidió al Tribunal Contencioso Administrativo suspender el decreto, ya que el gobierno pretendía trasladar las rutas nacionales de forma ilegal e inconstitucional, sin que existiera una ley que establezca el cambio de competencias y la asignación de nuevos recursos.
En primera instancia, el juez tramitador Johel Antonio Beausejour congeló la orden presidencial, mientras el Tribunal obtenía más elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud del municipio de anular el decreto ejecutivo.
Sin embargo, este 1.° de octubre la jueza Alana Fonseca determinó que la solicitud de Hidalgo no contaba con los elementos necesarios para el otorgamiento de las medidas cautelares, ya que argumentaba un abuso de potestades del MOPT, pero no justificaba por qué era necesario suspender la aplicación del decreto.
Para la jueza, la Municipalidad de Santa Bárbara alegaba una afectación a los intereses del ayuntamiento y sus habitantes, no obstante, esta afectación no estaba concretada o materializada, ya que hasta la actualidad no se han transferido más carreteras a los municipios.
En consecuencia, declaró la solicitud sin lugar y el decreto continúa vigente mientras se resuelve el fondo de la demanda.
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Fonseca explicó que la gestión del alcalde barbareño buscaba que el Tribunal Contencioso Administrativo analizara los alegatos que deben ser conocidos en el fondo del proceso, cuando este no es el fin de una medida cautelar. El verdadero objetivo de este mecanismo es proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
“La parte gestionante procura que esta instancia cautelar se convierta en un efectivo ente revisor de legalidad. No puede pretenderse que en vía cautelar se logre determinar la ilegalidad o no de un decreto ejecutivo, que a criterio del gestionante tiene roces con normas y reglas ya dispuestas en el ordenamiento. Lo que se pretende no puede ser concedido en esta instancia, sino que merece ser resuelta en un proceso de fondo”, determinó la jueza.
El Tribunal Contencioso Administrativo también rechazó una solicitud de medidas cautelares a Karen Alfaro, alcaldesa de la municipalidad de San Mateo, por idénticos motivos.
Aparte de esa gestión en la vía contenciosa, cuatro municipalidades también presentaron acciones ante la Sala Constitucional.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, defendió el decreto ejecutivo 44263-MOPT y argumentó que el plan, impulsado por su antecesor Luis Amador, pretende transferir a los ayuntamientos las rutas que no son primordiales ni de importancia estratégica, como sí lo son las vías que llevan a puertos, aeropuertos y fronteras.
El pasado 19 de junio, el jerarca aseguró que la propuesta incluye contenido económico adicional para los 84 cantones, de manera que puedan atender caminos que hoy son responsabilidad del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Se va a entregar un porcentaje de los recursos que se gastan; para eso, se hizo un ejercicio matemático donde se determinó cuánto ha invertido Conavi en esta red no estratégica y, a partir de ahí, se va a entregar. Eso tiene que venir con una modificación de ley que vamos a trabajar en los próximos meses. Nos quedan seis meses para seguir trabajando”, declaró el ministro en conferencia de prensa.
El jerarca realizó una reunión virtual con los alcaldes el viernes 21 de junio, en la que pretendía explicarles el porcentaje de dinero que se les trasladará, la cantidad de kilómetros de carreteras que atenderán y cómo se hará el proceso de entrega de los caminos.
El alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez, que participó en la reunión con el ministro, indicó que ofrecieron otorgarles a los ayuntamientos un 12% de lo que se recauda con el impuesto único a los combustibles aunque, según datos de la UNGL, Conavi tiene asignado un 21,75% de ese tributo para atender las vías que ahora pretende trasladar.
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La ANAI afirmó que la mayoría de las carreteras que el MOPT pretende trasladarles son de lastra (solo el 19% de las rutas tercierias están asfaltadas). Detallaron que, de concretarse el traspaso de vías a las municipalidades, se requieren al menos ¢70.000 millones anuales para darles un mantenimiento básico, sin tomar en cuenta arreglo de puentes, taludes, cordones de caño y otras inversiones.
Según la asociación de municipios, las calles que el MOPT pretende pasarles se encuentran distribuidas en 78 cantones, principalmente rurales. Los territorios a los que se les darían más kilómetros son San Carlos (230 km), Pérez Zeledón (223 km), Pococí (190 km), Tilarán (114 km), Turrubares (97 km), Corredores (93 km), Turrialba (87 km), Nicoya (83 km) y Puriscal (81 km).
“Conavi recibe muchos más recursos que las municipalidades para atender cada kilómetro de vías. La red vial nacional (atendida por Conavi) consta de 7.847 km, para los que recibirán este 2024 un total de ¢116.000 millones correspondientes del impuesto a los combustibles. Mientras tanto, las municipalidades deben atender 38.000 kilómetros con ¢119.000 millones que le son trasladados de ese rubro”, afirmaron la ANAI y la UNGL.
Batalla, en tanto, afirmó: “Cada municipalidad sabe dónde le ‘chima’ el zapato. Conavi tiene una visión general, pero el alcalde que está ahí puede decir cuál calle le interesa más arreglar, porque por ahí salen más productos o tiene más productividad el cantón. Cada alcalde sabe, y la idea es darle la oportunidad a 84 gerentes de que manejen esos dineros”.
