Si bien el presupuesto del Poder Judicial del 2025 crecería un 3,29% con respecto al del 2024, esto no significa un incremento en términos prácticos, aseguró el subdirector de Planificación de la entidad, Erick Mora Leiva.
Si es aprobado tal cual se presentó el martes pasado en la Asamblea Legislativa, el plan de gastos será de ¢521.023 millones, de los cuales ¢490.846 millones son de gasto corriente y ¢30.177 millones son gasto de capital. Se trata de un crecimiento de ¢13.000 millones más, en comparación con el año pasado.
Según Mora, al Poder Judicial se le asignaron nuevas obligaciones en el 2025, que no contenía el presupuesto de este año, por lo que el aumento no cubre todas sus necesidades.
“Por eso es que si uno ve los números, uno ve un crecimiento, pero si en la práctica se analizan estos elementos, en realidad uno podría concluir que nuestro presupuesto no está sufriendo un incremento. No nos están dando nada adicional para nuestro funcionamiento”, aseguró Mora a La Nación.
Los gastos adicionales que enfrenta la institución son principalmente por la aplicación de los nuevos códigos procesales de Familia y Agrario, vigentes a partir del pasado martes y el próximo 28 de febrero, respectivamente. Además, Mora señaló que en los últimos años se crearon las leyes de Bienestar Animal, Justicia Restaurativa y Contratación Pública sin otorgarle los ¢2.592 millones que el Poder Judicial requiere para cumplirlas, según cálculos de Planificación.
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“Tuvimos que hacer ejercicios de priorización en las diferentes instancias vinculadas con ellas, en el OIJ, en la parte jurisdiccional, en la parte administrativa, para poder cumplir con lo que la nueva legislación establece”, indicó.
De igual forma, el promedio de expedientes al mes ha ido aumentando año con año. En el 2021 era de 49.776, mientras que a finales del 2023 subió a 51.306, lo que implica mayores gastos, pues, por ejemplo, el año anterior cada expediente penal le costó un promedio de ¢2 millones a la institución.
El plan de gastos del próximo año fue negociado con el Ministerio de Hacienda y tiene la particularidad de que incorpora el porcentaje más bajo de los ingresos corrientes del Presupuesto de la República en 18 años, al llegar a un 6,34%. Esto se acerca al límite inferior del 6% establecido por la Constitución Política, el cual fue creado cuando el Poder Judicial aún no contenía al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al Ministerio Público ni a la Defensa Pública, señaló Mora.
Este presupuesto también contiene, por primera vez, la aplicación del salario global definitivo, creado por la Ley Marco de Empleo Público, no obstante, no se notará un cambio relevante en el rubro de remuneraciones, al menos a corto plazo, pues la mayoría de funcionarios se mantienen bajo el sistema salarial antiguo.
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Otro punto importante en este plan de gastos es el reforzamiento de la seguridad en cada circuito judicial, ante el incremento del crimen organizado a lo largo del país. Según Mora, esto fue prioritario para el 2025, lo que dejó un monto de ¢2.402 millones destinado a un proyecto de seguridad institucional, a pesar de que se calculó un monto de ¢17.505 millones para cubrir esta necesidad.
“En los circuitos judiciales tenemos un común denominador, y es que nuestros edificios son muy inseguros, tanto para el personal como para las personas usuarias que llegan todos los días, y con el ambiente en el que estamos, y tratándose del Poder Judicial, el asunto es serio”, afirmó.
Las preocupaciones aumentaron tras hechos como el del 26 de febrero, cuando un hombre que llegaba a cumplir con una diligencia en los Tribunales de Limón fue ultimado al frente del edificio, y luego, el 21 de marzo, dos hombres en moto dispararon cuatro veces contra el carro estacionado de una jueza penal, en Tarbaca de Aserrí. Apenas dos semanas después, el 4 de abril, en Jacó de Garabito, dos hombres atacaron a balazos la casa y carro de un fiscal.
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Por la urgencia del caso, Mora señaló que para darle prioridad a la seguridad de los edificios y funcionarios, el Poder Judicial dejó de lado algunos proyectos en materia tecnológica, en construcción y en compra de vehículos.
Mora detalló también que se requieren 87 plazas de custodios de personas detenidas en causas penales abiertas.
“Desde hace varios años hay una directriz del Ministerio de Hacienda que impide crear plazas. Alguien me podría decir: ‘bueno, pero ustedes hacen un ejercicio de priorización, ¿por qué metieron en tal cosa y porque no meten en esto?’. Bueno, porque esto implica recurso humano, aunque hiciéramos esa priorización nos lo va a rebotar Hacienda, porque Hacienda nos dice: ‘ustedes no pueden crear plazas’”, indicó.
El pasado martes, al presentar el presupuesto en el Congreso, los jerarcas del OIJ y el Ministerio Público, Randall Zúñiga y Carlo Díaz, pidieron a los diputados recursos adicionales para cubrir al menos 600 plazas faltantes en estas entidades.
Asimismo, Allan Pow Hing, director de Planificación, aseguró que existe un faltante de ¢53.601 millones para atender diversas necesidades, principalmente el aumento en investigaciones abiertas en el OIJ en el 2023, año en que hubo una cifra récord de 907 homicidios.
