La Fiscalía y el OIJ alzaron la voz contra los ataques que les lanzó el mandatario Rodrigo Chaves por la investigación del Caso Barrenador, en la que se indaga un presunto sobreprecio en contratos de Ebáis que la CCSS adjudicó a cooperativas.
El martes 1.° de octubre, el fiscal general, Carlo Díaz, afirmó en un pasillo del Congreso que las amenazas surgidas contra la Fiscalía son el resultado del discurso incendiario y populista de Chaves.
Ese mismo día, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, respondió a los ataques del mandatario haciendo referencia a un pasaje de la Biblia: “En Mateo, Lucas; se habla de las bienaventuranzas, bienaventurados los que sean insultados”.
Para el jerarca de la Policía Judicial, no es posible que el presidente de la República pretenda que no se realicen investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Adujo que este tipo de pesquisas se han hecho durante muchos años y continuarán en marcha, porque hay más denuncias.
Un día después, el miércoles 2 de octubre, surgió una extraña denuncia contra el fiscal general, Carlo Díaz.
Lo cuestionaron por un nombramiento hecho en 1992, cuando tenía 19 años, en una sociedad anónima que, dos décadas después, designó como tesorero a una persona que fue detenida el año pasado como sospechosa de narcotráfico.
Díaz fue nombrado fiscal de una sociedad denominada Linley Entretenimientos hace 32 años; en aquella época, trabajaba como asistente en un bufete para costear sus estudios de Derecho.
21 años después, el 20 de agosto del 2013, la sociedad fue vendida con motivo del traspaso de un vehículo y el nuevo dueño nombró a un hombre de apellidos Segura Duarte como tesorero. Esta última es la persona que, otra década después, en noviembre del 2023, fue detenida en el marco de una operación judicial sobre el Caso Piazza, en el cual se investiga una aparente banda narco que utilizaba supermercados y una estación de servicio para lavar dinero.
El pasado jueves 3 de octubre, el representante legal de la sociedad Linley Entretenimientos, Daniel Alvarado Vásquez, afirmó a Telenoticias que el fiscal general no tiene relación alguna con esta persona jurídica. Agregó que no lo conoce y solo lo ha visto por televisión.
Explicó que adquirió la sociedad al comprar un vehículo en el 2013, para ahorrar en el monto del traspaso, y cambió la junta directiva. Para rellenar un campo, nombró a Segura Duarte, a quien conoció en una relación laboral entre el 2013 y el 2016.
El empresario también negó que el sospechoso de narcotráfico tenga poder alguno sobre la sociedad. Argumentó que, desde el 2016, no lo ha vuelto a ver.
La segunda versión de “ley jaguar” que el gobierno quería llevar a referendo murió el martes 1.° de octubre después de que la Sala IV declaró inconstitucionales dos de los tres artículos que le consultaron el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República (CGR). Se trata de reformas que, en criterio de la CGR, permitirían al gobierno y demás instituciones efectuar contrataciones a dedo.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Regulación del Referéndum, la recolección de firmas para una consulta popular solo puede efectuarse si el proyecto carece de vicios formales o constitucionales, lo cual no se cumple en este caso.
En tanto, en el Congreso, el texto ya carece de viabilidad política para una eventual convocatoria a referendo junto con el Poder Ejecutivo. “Era un intento por evadir controles”, resumió el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo.
El presidente Rodrigo Chaves no se ha pronunciado en relación con esta resolución.
En el análisis del Presupuesto Nacional del 2025, en la Comisión de Hacendarios, trascendieron gigantescos déficits adicionales:
Al Presupuesto le faltan ¢459.000 millones para cubrir el pago de las obligaciones del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se trata de fondos requeridos para ayudar a financiar el Seguro de Salud y el régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El hueco es de tal magnitud que, si el faltante para la CCSS se cubriera, el déficit fiscal del 2025 aumentaría en un 1% del PIB.
En tanto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) comunicó que existe un faltante de ¢100.000 millones para pagar salarios de docentes en el 2025, así como otro déficit de ¢18.000 millones para cubrir la operación de comedores escolares.
El siguiente es un resumen del avance de proyectos de ley durante esta semana en la Asamblea Legislativa
De forma unánime, 43 diputados aprobaron en primer debate una reforma al artículo 156 del Código Penal para agregar dos nuevas causales de violación:
El proyecto es de María Marta Carballo, del PUSC.
También por unanimidad, con 44 votos, se ratificó en segundo debate una ley para la atención de las personas diagnosticadas con enfermedades raras. El texto reparte funciones entre instituciones y asigna una fuente de financiamiento proveniente de las utilidades de la Junta de Protección Social (JPS).El plan es de la diputada Andrea Álvarez, del PLN.
Por unanimidad, los nueve diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley para regular la ejecución de las penas impuestas a los privados de libertad, tanto en el sistema penitenciario como en el régimen semiinstitucional.
Este marco legal fue consensuado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La rebaja del impuesto de renta a los trabajadores independientes estaba lista para ser votada en segundo debate el jueves, pero la bancada de gobierno y dos diputados del PUSC frenaron el proceso al someter el texto a consulta de la Sala IV.Además, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, prometió vetar el proyecto aun si la Sala IV no le encuentra vicios de inconstitucionalidad. El jerarca acusa al Frente Amplio de incumplir un acuerdo para compensar la reducción de los ingresos fiscales mediante una tarifa del 30% para los independientes de mayores ingresos.
Con 5 votos en contra y 4 a favor, la Comisión de Jurídicos dictaminó negativamente un proyecto que habría reactivado los aumentos de salarios para los empleados públicos, los cuales están congelados debido a la situación fiscal del país. La iniciativa del Frente Amplio planteaba flexibilizar las medidas extraordinarias previstas en la regla fiscal para los períodos en que la deuda pública supera el 60% del PIB.
Rechazaron la iniciativa Daniel Vargas y Jorge Rojas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); David Segura, del Partido Nueva República (PNR); y Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Votaron a favor Rocío Alfaro, del Frente Amplio, así como Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Murió el plan para ampliar las vacaciones de los asalariados de dos a tres semanas por año. En la Comisión de Jurídicos, la votación quedó empatada 4 a 4 y, por tanto, el proyecto del Frente Amplio se archivó.
Votos a favor: Rocío Alfaro (Frente Amplio), Francisco Nicolás (PLN), Alejandra Larios (PLN) y Danny Vargas (PLN)
Votos en contra: Daniel Vargas (PPSD, gobierno), Jorge Antonio Rojas (PPSD, gobierno), Johana Obando (PLP) y David Segura (Nueva República)
La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó negativamente un plan para exonerar del impuesto al valor agregado (IVA) los alquileres de vivienda superiores a ¢693.000 (los montos inferiores ya están eximidos).
El plan del Liberal Progresista recibió seis votos en contra y tres a favor.Se opusieron seis legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Progreso Social Democrático (PPSD) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
A favor votaron Gilberto Campos, del PLP, y Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR).
