Carlo Díaz, jefe del Ministerio Público, tiene buenas razones para estar satisfecho. Alguien decidió escudriñar su vida en busca de alguna actuación impropia y solo encontró una tontería, no suya, sino del oficioso investigador. Díaz figura en una sociedad creada hace 32 años, cuando él tenía 19, estudiaba Derecho y trabajaba como asistente del notario. Veintiún años más tarde, un hombre involucrado en un delito fue nombrado tesorero de la entidad.
Díaz nunca fue accionista ni apoderado. En la escritura constitutiva se le incluyó como fiscal según la práctica común en todos los bufetes. Secretarias y asistentes llenaban el requisito de ley cuando los constituyentes de la persona jurídica no ofrecían suficientes nombres para integrar los órganos de la nueva entidad.
En algunos casos, el personal del bufete figuraba como accionista, porque la ley exige al menos dos personas para constituir una sociedad anónima o, simplemente, para tener sociedades ya inscritas y evitar al futuro cliente la espera, poniendo la entidad a su inmediata disposición con un simple cambio en el registro de accionistas.
Como también es usual, la sociedad fundada en 1992 se fue transformando sin modificar el nombramiento del fiscal, un cargo relevante según la ley y de poca importancia práctica en la mayor parte de las sociedades, creadas para inscribir vehículos, manejar empresas familiares u otras operaciones de escasa trascendencia.
Pasados 21 años, la sociedad fue vendida para ahorrar derechos de traspaso de un auto. Los nuevos accionistas nombraron tesorero al involucrado, todavía diez años más tarde, en un caso de lavado de dinero. Había una relación laboral y le pidieron, como sucedió con Díaz, ayudar a cumplir el requisito legal.
Díaz figura como fiscal, tesorero o secretario, sin poderes ni participación accionaria, en al menos 16 sociedades anónimas creadas entre 1992 y 1997, cuando laboraba para el notario de casi todas las escrituras. Miles de abogados y estudiantes de Derecho tuvieron la misma experiencia.
El tiempo transcurrido y la intrascendencia del hallazgo testimonian la minuciosidad del examen de la vida de Díaz y acreditan la pulcritud de su trayectoria, pero, evidentemente, ese no era el propósito. A pocos días de los sonados allanamientos en el Ministerio de Salud y la CCSS, luego de las diatribas del gobierno contra él, las amenazas de agresión física y las advertencias de bomba en el Ministerio Público, intentaron asesinarlo moralmente.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
