San José. Un paquete de reformas legales aprobado en Nicaragua recientemente es visto por expertos y opositores como un intento de “legitimar” la persecución a los críticos del dictador Daniel Ortega, dentro y fuera del país.
Se trata de modificaciones al Código Penal que permiten juzgar a quienes cometan acciones contra el régimen de Ortega en el exterior, y cambios a la ley de ciberdelitos que abren la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales.
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También fueron reformadas otras dos leyes: una obliga a las iglesias a pagar impuestos y la otra restringe la labor de las oenegés, que ahora solo pueden trabajar en programas conjuntos con entidades estatales (Ortega ya cerró unas 5.500 oenegés y confiscado sus bienes).
Estas iniciativas “buscan crear un marco jurídico que legitime nuevas prácticas violatorias de los derechos humanos”, dijo la abogada Camila Ormar, de la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
“Esas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio”, señaló Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En un informe anual sobre la situación en Nicaragua, la oficina del Alto Comisionado advirtió de un “grave” deterioro bajo el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con arrestos arbitrarios de opositores y torturas y otros malos tratos a detenidos.
Este reporte, debatido en Ginebra en setiembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue rechazado por la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales.
Los partidarios de Ortega argumentan que este paquete de reformas fortalece las instituciones y permite combatir el crimen a nivel “transnacional”.
“Estas reformas están encaminadas a fortalecer la labor de las instituciones de nuestro país encargadas del enfrentamiento a la criminalidad organizada transnacional”, aseguró la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez en una sesión parlamentaria.
Sin embargo, la abogada de Cejil destacó que “no es la primera vez en Nicaragua que se reforman leyes para criminalizar a quienes son considerados como personas opositoras o voces disidentes”.
“Las leyes que adopte o reforme Nicaragua deben apegarse a los tratados de derechos humanos reconocidos por el Estado”, puntualizó Ormar.
El gobierno de Ortega ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde entonces, miles de nicaragüenses partieron al exilio y cientos fueron expulsados y sus bienes están confiscados.
El exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, sostiene que las protestas fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El Código Penal reformado contempla penas de hasta 30 años de cárcel para quienes cometan “delitos contra el Estado o sus instituciones”, estén en Nicaragua o en el exterior.
En tanto, la ley de ciberdelitos incorpora sanciones por publicaciones en las redes sociales y aplicaciones en teléfonos inteligentes que causen “alarma”, con penas de hasta 10 años de cárcel.
Este tipo de sanciones “es incompatible con el principio de legalidad previsto en la Convención Americana” de Derechos Humanos, según Cejil.
Procesar a personas que están fuera del país generará “juicios en ausencia”, advirtió la responsable de Cejil.
La reforma a la ley de ciberdelitos endureció una norma vigente desde 2020, tildada de “ley mordaza”, que llevó a la acusación y arresto de muchos opositores y periodistas nicaragüenses por supuesta “propagación de noticias falsas”.
“Estos delitos provocaron la desnacionalización de múltiples personas”, dijo el abogado nicaragüense Salvador Marenco, exiliado en Costa Rica, en alusión a que Ortega quitó la nacionalidad a 451 opositores exiliados.
Marenco afirmó que esta “política de represión transnacional” es una reacción de Ortega a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
El exembajador nicaragüense Arturo McFields dijo que con estas reformas Ortega intenta “justificar sus tropelías y sus crímenes y también darle carácter legal” a sus acciones represivas.
“Ellos primero realizan estas acciones por la vía del hecho y luego intentan estructurar un marco jurídico”, agregó el exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), exiliado en Estados Unidos.
