La fase final de los trabajos de ampliación de la ruta 32, entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, enfrenta graves riesgos, con la posibilidad de mayores retrasos en la entrega –pactada para el 28 de mayo de 2025–, además de manifestaciones de las comunidades vecinas y problemas en la calidad de las obras en una ruta vital para turismo, exportaciones e importaciones.
Estas advertencias fueron señaladas en el más reciente informe de avance, presentado a finales de agosto por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), supervisora del proyecto vial a cargo de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).
La supervisora destacó la amenaza planteada por CHEC al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La constructora anticipó que si no se le pagan las facturas atrasadas y los reclamos económicos aprobados, disminuirá aún más el ritmo de los trabajos. Esta advertencia fue planteada por los representantes de la constructora china en una reunión realizada en julio en la Casa Presidencial.
Según UNOPS, en agosto, cuando se elaboró el informe, el riesgo catalogado como “alto” aún persistía. El documento también indica que el “ritmo de avance continúa siendo medio o bajo”, lo que llevó a considerar como “grave” la advertencia de CHEC, ya que el avance de las obras era ya considerablemente lento.
“Se considera que este riesgo está a punto de convertirse en un problema que impactará al proyecto, con consecuencias muy negativas para las partes”, añade el escrito suministrado a este diario por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
La supervisora anticipó que es poco probable que se logre cumplir con la promesa del MOPT de entregar el tronco principal de la ruta, es decir, los 104 km a cuatro carriles, para finales de este año.
“De acuerdo con el ritmo de avance de las obras, se considera que el tramo central faltante no estará concluido en diciembre de 2024. El contratista aduce problemas económicos referidos a reclamaciones aceptadas que no se han cancelado, y la Administración indica que es complejo y poco factible que se cancelen antes de que se concluya el año, con lo cual lo esperable es que el riesgo impacte y el tronco principal no esté concluido para diciembre 2024 como ha sido solicitado por el MOPT”, agrega la supervisora en el mismo apartado de los riegos del proyecto.
Actualmente, en esos 104 km se transita por tramos que ya están concluidos y por otros que están en construcción. Lo mismo sucede con puentes. Eso obliga a los conductores a manejar con cautela porque en cualquier momento la señalización los obliga a pasar de dos o tres carriles en un solo sentido a uno solo.
Asimismo, Unops revela que durante las negociaciones con el Eximbank de China para obtener la extensión del préstamo necesario para concluir la ampliación de la vía, se le solicitó al contratista un cronograma de obras. A pesar de que se presentó con una fecha de finalización para abril de 2025, la unidad ejecutora lo rechazó. Lo que sí está claro es que el banco chino precisó que su último desembolso lo haría el 10 de abril del año entrante. A partir de ahí la obra quedará sin financiamiento.
El viceministro de Infraestructura, Efraím Zeledón, detalló que CHEC ha presentado reclamaciones por aproximadamente $100 millones, las cuales aún están pendientes de resolución. Según el informe de UNOPS, hasta julio se le habían aprobado reclamos por $25 millones, aunque esa cifra ha aumentado conforme se han ido resolviendo las inconformidades.
El director del Conavi, Cristhian Arroyo, informó, en una respuesta enviada por la oficina de prensa, que el monto de los reclamos pendientes de pago a la empresa asciende a $14,6 millones. Se estima realizar un desembolso de alrededor de $13 millones en diciembre, mientras que el monto restante (no detallado por el ingeniero) se cubriría en el primer trimestre de 2025.
Los reclamos de CHEC se deben a sobrecostos ocasionados por los retrasos que el proyecto ha enfrentado desde su inicio en noviembre de 2017, principalmente por factores atribuibles a la Administración, como las expropiaciones, el traslado de servicios y las modificaciones en los diseños.
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Al 31 de agosto, según UNOPS, el avance físico del proyecto en su fase de construcción había alcanzado el 90%. Esto indica que, en los primeros ocho meses del año, la obra avanzó menos del 1% mensual, considerando que para finales de diciembre de 2023 el avance en la fase constructiva era del 84,3%.
El informe elaborado por la supervisora, presentado a los miembros del Consejo de Administración del Conavi, menciona otras condiciones que, de concretarse, podrían dificultar la finalización a tiempo de la ampliación y comprometer la calidad de las obras.
Por ejemplo, hay un “riesgo de alto nivel” de que, debido a los atrasos e incumplimientos de acuerdos, enfrenten manifestaciones por parte de los usuarios de la ruta, lo que afectaría tanto la reputación del proyecto como su operatividad.
Además, el informe advierte que las obras podrían causar “afectaciones graves por diseño, acciones u omisiones constructivas” en las zonas y comunidades cercanas, si estas situaciones no son corregidas o adecuadamente resueltas por la empresa.
En ese sentido, se advierte que la falta de una señalización vial provisional adecuada podría provocar graves accidentes de tránsito, tanto para peatones como para vehículos.
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Al analizar la calidad de los materiales, Unops detectó deficiencias en la capacidad de los neoprenos (apoyos de un material con elasticidad) de los puentes remodelados, lo cual, según se explica, podría repercutir en el desempeño y vida útil de estos elementos y poner en riesgo la operatividad de las estructuras. Actualmente, está pendiente verificar si se realizaron las correcciones señaladas.
Ante las conclusiones del informe, el viceministro de Infraestructura, Efraím Zeledón Leiva, admitió que el inicio de año fue “tenso” debido a la necesidad de obtener una prórroga para la ejecución del crédito otorgado por el Eximbank, entidad que financia la obra.
Sin embargo, aseguró que tras obtener la prórroga del financiamiento, oficializada a inicios de agosto, se cancelaron todas las facturas pendientes de la empresa, aunque los reclamos económicos aún no han sido resueltos.
“La empresa no solo ha seguido trabajando, sino que ha aumentado el ritmo, resolvió también unas situaciones que tenía con sus subcontratistas, la situación se normalizó, las relaciones se normalizaron y el proyecto sigue adelante”, aseguró.
Al ser consultado sobre los retrasos y el plazo limitado para entregar las obras en mayo del próximo año, Zeledón afirmó que están “haciendo todo lo posible” para cumplir con dicho hito, pues en esa fecha recibirían los últimos desembolsos por parte del Eximbank.
Para lograrlo, indicó, han concentrado los esfuerzos en acelerar el trabajo de la empresa, eliminar obstáculos, agilizar los pagos y resolver los reclamos, además de acelerar los procesos de expropiación y la ejecución de servicios.
Durante la sesión de la Junta Directiva del Consejo de Administración del Conavi, el 19 de setiembre, los miembros del comité solicitaron a la Dirección Ejecutiva un informe detallado sobre los reclamos presentados por CHEC. También pidieron evaluar la posibilidad de que la Administración presente reclamos contra la constructora por los incumplimientos en los que habría incurrido.
La ampliación de la ruta 32 ha recibido hasta ahora cinco prórrogas en su fecha de finalización, ya que originalmente debía entregarse en octubre de 2020. El proyecto tenía un costo inicial de $534 millones, de los cuales $465 millones provienen del financiamiento de Eximbank y $69 millones corresponden a la contrapartida estatal.
Las obras contratadas a CHEC incluyen la ampliación a cuatro carriles de 104 km de vía, la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios de Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Sin embargo, 12 de los pasos a desnivel e intercambios serán sustituidos por rotondas y pasos a nivel como medida para reducir costos y agilizar las obras debido a la falta de expropiación de decenas de terrenos.
