Una denuncia presentada por 41 personas, entre las que figuran exministros y exempleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), advirtió a la Contraloría General de la República de presuntas “subjetividades” y “usos politiqueros” de las tarifas de electricidad por parte de la entidad pública. Según los denunciantes, las maniobras provendrían del Poder Ejecutivo.
El documento, enviado el pasado 27 de mayo a la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, también fue remitido a la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, y al procurador general de la República, Iván Vinicio Vincenti Rojas.
Entre los firmantes de la queja están Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia, y Welmer Ramos González, exministro de Economía, Industria y Comercio, ambos miembros del gabinete de Luis Guillermo Solís (2014-2018).
En el escrito, el grupo recordó que la autonomía de las instituciones públicas no debe servir como herramienta para ejecutar actos arbitrarios, obtener réditos políticos o alterar sus finanzas con el fin de cumplir promesas de campaña. No obstante, según los denunciantes, este sería el caso de las actuales autoridades del ICE, quienes habrían “negociado” con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) postergar los ajustes en las tarifas eléctricas necesarios para costear el uso de combustibles para la generación térmica.
Luego de analizar los argumentos de la queja planteada, el órgano contralor decidió la apertura de una auditoría, para la cual solicitó información al ICE sobre los fundamentos de la gestión realizada ante la Autoridad Reguladora.
Generación térmica alcanza punto más alto en 14 años
El escrito hace referencia al pedido que hizo el ICE a la Aresep, desde febrero de 2023, para no aplicar aumentos derivados de sus gastos en hidrocarburos e importación de energía desde la región, gastos que se reconocen mediante la metodología de Costo Variable de Generación (CVG). Tras la gestión del Instituto, el ajuste tarifario por CVG que se aplicaba trimestralmente pasó a implementarse por año.
De acuerdo con un oficio enviado por la Contraloría al Instituto el 20 de junio, la auditoría pretende conocer las bases técnicas y justificaciones para pedir el cambio. También lo confirmó el regulador general, Eric Bogantes.
El texto de la denuncia señala que en los últimos años las tarifas se han mantenido artificialmente bajas, lo que ha generado déficits que deberán ser asumidos por los usuarios con mayores incrementos futuros, los cuales podrían llegar en el próximo gobierno, a partir del 2026.
Los denunciantes indicaron que la Ley de la Aresep (7593) dicta que la fijación de precios para los servicios públicos regulados debe basarse en criterios científicos y técnicos, sin comprometer el equilibrio financiero de los prestadores del servicio.
Además, citaron artículos de la Ley de Creación del ICE (Ley 449), los cuales establece que este ejercerá su gestión administrativa y técnica con absoluta independencia del Poder Ejecutivo. Todos sus programas de trabajo deben basarse exclusivamente en estudios técnicos y financieros propios, sin la intervención de otros organismos del Estado, salvo que se solicite cooperación.
“Consideramos que la actual administración del ICE, en un exceso de servilismo a los intereses del gobierno, y en contubernio con una actitud complaciente del ente regulador, ha desplazado en el tiempo gastos que debieron ser considerados en las tarifas de esos años, pero en cambio, se vienen acumulando para ser incorporados a futuro, recargando innecesaria e indebidamente, sobre las espaldas de los clientes, gastos de años anteriores, que deberán ser asumidos posiblemente en las tarifas del año 2025 o subsiguientes”, afirmaron.
El 3 de julio anterior, Marco Acuña Mora, presidente del ICE, anunció en conferencia de prensa que las tarifas de luz no subirían en 2025 pese al fuerte gasto en generación térmica. La semana pasada, no obstante, aceptó en la Asamblea Legislativa que tal previsión quizás no se cumpla.
El grupo insta a detener lo que considera un manejo indebido de las finanzas del ICE, el cual podría tener efectos negativos para los abonados al sostenerse las alzas. Según este, esta acción obedece a fines “puramente espurios y politiqueros”.
