Con cinco votos en contra y cuatro a favor, la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos rechazó un proyecto de ley que proponía reactivar los aumentos de salarios para los empleados públicos, los cuales están congelados debido a la situación fiscal del país.
La iniciativa 23.877 planteaba una reforma a la regla fiscal establecida en el título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Actualmente, el inciso C del artículo 13 de esa norma establece que, cuando la deuda pública sea igual o mayor al 60% del producto interno bruto (PIB), no se otorgarán incrementos por costo de vida en el salario base ni en los demás incentivos salariales.
Debido al incremento de la deuda pública en Costa Rica, esta medida extraordinaria empezó a aplicarse en el 2022 y se estima que se levantaría en el 2028.
Congelamiento de salarios públicos se extenderá más de lo planeado
El proyecto, presentado por el Frente Amplio, proponía que la suspensión se limite a dos años, en lugar de extenderse durante todo el periodo en que la deuda pública se mantenga por encima del umbral establecido por la legislación.
Dado que el congelamiento está en ejecución desde el 2022, el proyecto incluía una medida transitoria para descongelar los salarios inferiores a ¢1.386.000 en el año siguiente a la eventual aprobación de la reforma. En el caso de los sueldos que superen esa cifra, el congelamiento persistiría por un año más.
Adicionalmente, el texto habría modificado una medida transitoria establecida en la Ley Marco de Empleo Público, para reanudar los incrementos salariales a los funcionarios con sueldos superiores al salario global creado para su categoría. Dicha norma congeló los aumentos para estas remuneraciones.
Rechazaron la iniciativa Daniel Vargas y Jorge Rojas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); David Segura, del Partido Nueva República (PNR); y Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Votaron a favor Rocío Alfaro, del Frente Amplio, así como Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN).
El diputado de gobierno, Daniel Vargas, destacó que Costa Rica sufre una restricción presupuestaria debido a un incremento de los gastos estatales que llevaron a un sobreendeudamiento.
Recordó que, para el 2025, el servicio de la deuda consumirá el 44,3% del Presupuesto Nacional y que, por ello, fue necesario implmentar medidas como la regla fiscal y la Ley Marco de Empleo Público, que creó el salario global con un monto único en lugar del esquema de pluses salariales.
Vargas enfatizó que estas leyes están contribuyendo a la mejora de la macroeconomía del país. Al votar en contra del proyecto en discusión, subrayó que no es prudente actuar en contra de las leyes que facilitan la recuperación económica, y se mostró optimista sobre la posibilidad de mejorar las condiciones laborales en el sector público en el corto plazo.
La diputada Rocío Alfaro calificó de “grave” la situación de los empleados públicos, alegando que el congelamiento de salarios implica un constante rebajo real en sus remuneraciones.
Dijo que este fenómeno no solo afecta a los trabajadores del sector público, sino que también disminuye la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. La frenteamplista aseveró que “un trabajador que vive de forma precaria ofrecerá un servicio de menor calidad”.
Adujo que los profesionales mejor calificados están abandonando el sector público en busca de mejores oportunidades, lo que afecta la vocación de servicio social.
Enfatizó en la necesidad de apoyar el consumo para reactivar la economía, y calificó los sueldos actuales como “salarios de hambre”. Por tanto, sostuvo que el proyecto que estaba en discusión solo proponía un ajuste necesario, no un aumento salarial.
