El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República informaron este martes a los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa de que, en conjunto, tienen un faltante de 1.450 funcionarios.
Los jerarcas de ambas dependencias solicitaron inyectar recursos extraordinarios para paliar esta situación mediante la contratación de 600 personas, en vista de que el Presupuesto Nacional 2025 no corrige el problema.
Randall Zúñiga, director del OIJ, señaló que tienen un requerimiento de 1.200 nuevos funcionarios, pero solicitó a los legisladores dotar a la policía judicial de más fondos para contratar, al menos, a 350 investigadores.
Por su parte, Carlo Díaz, fiscal general de la República, hizo la misma solicitud, empero, para disponer de 250 personas adicionales.
Los jerarcas plantearon el requerimiento, pese a que el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, externó a los parlamentarios que el presupuesto de ¢521.023 millones incluido en el plan de gastos del gobierno para el próximo año, se construyó de forma consensuada con el Ministerio de Hacienda.
“No les estamos trasladando conflictos, como en otro momento”, agregó Aguirre. Igualmente, el magistrado reconoció que el presupuesto deja descubiertos otros gastos, pero que en vista de la situación que enfrenta el país, se dejaron “para otro momento”.
Al respecto, Allan Pow Hing, director de Planificación del Poder Judicial, precisó que existe un faltante de ¢53.601 millones para atender diversas necesidades. El principal rubro, por ¢31.581 millones, corresponde a la atención del incremento de los casos ingresados al OIJ durante el 2023.
Igualmente, hacen falta ¢8.563 millones para reducir el rezago judicial en materia penal; ¢5.231 millones para crear la Jurisdicción Especializada para Pueblos Indígenas y ¢2.113 millones para contratar más custodios de detenidos del OIJ a nivel nacional.
Ese Poder también arrastra un hueco de ¢2.592 millones para atender los requerimientos de las leyes de Bienestar de los Animales (¢591.7 millones); Justicia Restaurativa (¢1.422.3 millones) y Contratación Pública (¢577.8 millones).
Pow detalló que en los últimos 20 años, al Poder Judicial le han sido conferidas nuevas responsabilidades, situación que se ha visto acompañada por un incremento significativo en la tasa de litigiosidad, en la criminalidad, en los casos de violencia doméstica, en las demandas de pensiones alimentarias y en gestiones cobratorias.
“Es retador para el Poder Judicial, porque viene a superar la capacidad operativa institucional”, agregó el funcionario.
El director de Planificación mencionó que si bien el presupuesto del próximo año crece en ¢13.000 millones, con respecto al 2024, el Poder Judicial también debe hacer frente a nuevas necesidades, desde este martes 1.° de octubre, con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, y a partir del próximo 28 de febrero, cuando empiece a regir el Código Procesal Agrario.
Díaz señaló que cada fiscal auxiliar tiene a cargo la tramitación de 250 expedientes. “Eso hace ver, definitivamente, que tenemos muchas carencias”, subrayó.
El fiscal precisó que las áreas más afectadas son las jurisdicciones dedicadas a combatir el narcotráfico y crimen organizado, los recursos también son escasos para atender los delitos de corrupción y contra la función pública.
El Ministerio Público igualmente enfrenta grandes necesidades para llevar a buen puerto los casos de violencia de género y los delitos informáticos.
La falta de fondos también golpea a la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, sobre todo para atender la etapa de juicios.
“Nosotros no podemos llevar más casos de los que desearíamos, porque es muy limitado los tribunales que existen, que son dos, para atender los juicios en esta jurisdicción tan importante”, advirtió el fiscal general.
Finalmente, el jerarca pidió a los legisladores considerar dotar al Ministerio Público, de manera extraordinaria, de más plazas para atender las necesidades de la institución.
Por su parte, Zúñiga, destacó que es necesario reforzar el personal del OIJ si se desea disminuir la curva de crecimiento de los homicidios.
“El problema de mantener la curva en un año, dos años, en los 900 homicidios, es que muy probablemente al tercer año va a aumentar, no va a bajar”, insistió.
La Policía Judicial estima que el año terminará con 880 o 900 homicidios. Las cifras son cercanas a las del 2023, un año récord que cerró con 907 asesinatos.
El jerarca dijo que las 350 plazas que se necesitan para atender el tema de la inseguridad, tienen un costo menor a los ¢10.000 millones.
