El Banco Nacional y el Banco de Costa Rica (BCR) concentraron el 67% de los adelantos de pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de los empleados públicos del sector financiero en el 2023 y los primeros 11 días de enero del 2024, previo a la entrada en vigencia de las nuevas reglas de jubilación.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 312 empleados públicos vinculados con siete entidades bancarias públicas adelantaron su pensión del IVM. La cifra representa el 13% de los 2.415 trabajadores públicos que efectuaron el trámite en el periodo en análisis.
De los 312 funcionarios que adelantaron su jubilación, el 67% (211) se distribuyen en los dos mayores bancos comerciales del Estado. Los restantes 101 empleados públicos del sector financiero que hicieron el trámite están divididos en otras cinco entidades, entre ellas el Banco Central, Bicsa y Banco Hipotecario de la Vivienda (Bahnvi).
Desbandada de funcionarios por adelanto de pensión del IVM se concentró en 10 instituciones
En el Banco Nacional la cifra ascendió 115, de los cuales 110 son funcionarios bancarios, 2 de BN Vital, 2 de BN Valores y uno de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BN SAFI), según los datos suministrados por la CCSS.
El Departamento de Recursos Humanos del Banco Nacional explicó que el personal bancario puede acogerse a la jubilación mediante el Fondo de Garantías y Jubilaciones o aplicar, si ya cuenta con la edad y cuotas, a la jubilación de la CCSS.
Por lo anterior, cuando el personal se acoge a la jubilación del Fondo no es posible determinar si luego optó por la opción de adelanto, pues esto es posterior al retiro de la entidad. De los funcionarios bancarios, el BN solamente tiene registros de siete casos de adelanto.
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De estas siete personas, dos son del área comercial y cinco pertenecen al área administrativa. Según la institución, la salida del personal no tiene impacto; más bien se logra una reducción en el costo de la planilla.
Esto se debe a que la sustitución ingresa bajo el salario único, mientras que el personal que se jubiló se encontraba en modalidad de salario base más pluses. Dichas plazas se sustituyen de acuerdo con las necesidades de la operación y del negocio, pero el BN descarta que se estén eliminando.
En relación con BN Vital, los funcionarios que se acogieron al beneficio son profesionales de la gerencia general, gerencia de Tecnologías de la Información y un ejecutivo de ventas. En total, el banco registra cinco salidas, tres más que los datos brindados por la CCSS.
La salida de estos funcionarios representó un incremento marginal en los costos, pero los rubros estaban provisionados a nivel contable. Según el banco, por la especialidad de los puestos, fue necesario reemplazarlos.
En el departamento de BN Valores, los empleados que se pensionaron son un contador y un corredor de bolsa. La salida no implicó aumento en costos de planilla, debido a que la contabilidad se sustituyó en las mismas condiciones y la cartera de clientes del corredor de bolsa se reasignó internamente.
En el BCR, el total de adelantos de pensión fue de 96 empleados. De esta cifra, 93 fueron funcionarios bancarios, dos de BCR Valores y uno más de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).
Según la entidad, 73 personas del conglomerado BCR mayores a 57 años presentaron su renuncia al puesto que desempeñaban. Laboraban en diferentes posiciones operativas, administrativos o gerenciales, en áreas comerciales, de apoyo y de soporte al negocio del BCR, así como de BCR Valores y BCR SAFI.
El BCR explicó que las salidas no implicaron costos adicionales en la planilla, ya que la institución tiene las provisiones correspondientes para el pago de los diferentes rubros de las liquidaciones de estos funcionarios.
El Banco Nacional y el BCR son las entidades bancarias más grandes del país por activos. Ambas son consideradas sistémicas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), lo que significa que son críticos para la estabilidad del sistema financiero y la economía del país.
Las otras dos entidades públicas que tienen un peso importante en la cantidad de funcionarios del sector financiero que adelantaron su jubilación son el Banco Popular y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
En el Popular se jubilaron 57 personas, de las cuales 55 son funcionarios bancarios, uno de Pensiones y otro del puesto de bolsa. Mientras tanto, en el Banco Central la cifra de empleados que se acogió a su pensión fue de 34.
La Nación envió en febrero consultas por escrito al Banco Popular y al Banco Central relacionadas con este tema, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
El adelanto de pensión del IVM se aceleró en el último año, pues a partir del 12 de enero entró en vigencia la reforma aprobada por la Junta Directiva de la CCSS en agosto de 2021, que empezaba a regir a los 24 meses después de publicada.
Para acceder al adelanto de pensión, la persona interesada debía tener 57 años y haber cotizado al menos 360 cuotas al IVM, equivalentes a 30 años, antes del 10 de enero pasado, según la Ley de Protección al Trabajador.
De igual manera, el interesado tenía que contar con un fondo de pensión voluntario en una operadora de pensión complementaria (OPC) y con los recursos para cancelar a la CCSS el pago por adelantar su retiro en el IVM.
Según la información de la CCSS, de los 2.415 empleados públicos que optaron por el anticipo de pensión, 1.500 se concentran en instituciones autónomas y adscritas, 489 en ministerios y entidades adscritas, así como 288 en empresas estatales y públicas no estatales. Otros 83 funcionarios trabajaban en entes municipales, 31 en el Poder Legislativo y otros entes públicos, y 24 en otro tipo de instituciones.
