El gobierno pone en tela de juicio el potencial de las investigaciones de las universidades públicas para incidir en la política y la calidad de vida de los costarricenses.
Sin embargo, en el ámbito público, el producto de la investigación como guía para el diseño de políticas y la toma de decisiones es una herramienta invaluable. Las investigaciones científicas, sociales y tecnológicas proveen una base empírica que ayuda a entender las dinámicas complejas de las sociedades contemporáneas. Cuando la investigación se incorpora en el diseño de las políticas, estas se vuelven más precisas y adaptadas a los contextos locales.
En sus 51 años de existencia, la Universidad Nacional ha contribuido con 285 menciones en políticas y planes, 2.124 citaciones en la elaboración de decretos ejecutivos y 100 referencias en leyes nacionales.
Pero su aporte trasciende las fronteras nacionales. Los resultados de la investigación de la UNA son referenciados en 52 ocasiones en documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 31 en la Organización Mundial de la Salud (OMS), 16 en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, 15 en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 24 en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Canadá y 18 en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, por citar algunos ejemplos.
Tan solo 17 artículos científicos publicados por el Programa de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Escuela de Medicina Veterinaria, durante el período 2010-2020, se han usado para registrar 27 licencias y patentes de tecnologías médicas a escala internacional. El trabajo realizado por esta unidad académica en desarrollo tecnológico orientado al sector productivo, a través del diseño del software Veterinary Automated Management and Production Control Program, permite tomar decisiones basadas en evidencias de 16.185 fincas lecheras nacionales y regionales desde hace más de 30 años.
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) monitorea y reporta la actividad sísmica y volcánica, con las que asesora a la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para la gestión de riesgos. También, gracias a este instituto, se sentaron las bases del código sísmico de construcción, que han evitado desastres mayores en infraestructura.
Por su parte, el Programa de Lingüística Centroamericana, de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, lidera el trabajo en procura del reconocimiento de la lengua criolla limonense y así evitar su extinción, como ha ocurrido con la huetar y la chorotega, ya que el uso extendido del español las llevó a su desaparición.
Estos son solo algunos de los miles de ejemplos de cómo el conocimiento empodera a los responsables de las políticas, pero también a la ciudadanía, que debe tener acceso a la información para comprender las implicaciones de las decisiones políticas y cómo contribuir al debate público, contrarrestar la desinformación y exigir que las políticas se basen en hechos y no en ideologías.
Vivimos en una era marcada por la sobreabundancia de información; discernir entre datos fiables e información falsa es esencial para orientar políticas públicas que no solo resuelvan problemas inmediatos, sino que preparen el terreno para desafíos futuros. Sin embargo, en ocasiones, los intereses económicos o políticos interfieren en la capacidad de los gobiernos para aprobar políticas basadas en la evidencia.
La investigación y el conocimiento son herramientas fundamentales para el desarrollo de políticas públicas eficaces. Por eso, es necesario fomentar una cultura política que tome la evidencia y la investigación como motores del progreso social para garantizar que las decisiones respondan a las necesidades y desafíos del presente y del futuro.
El autor es vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional.
