El país necesita que Rodrigo se siente a conversar un buen rato con Chaves para ponerse de acuerdo el uno con el otro, conciliar criterios y dar coherencia a lo que el presidente de la República dice, promete y hace. No puede ser que haya momentos en los que da la sensación de que tenemos dos o más mandatarios.
El discurso es oscilante, acomodadizo a las circunstancias, intereses o de quien se trate. Esa inconstancia desequilibra a cualquier ciudadano que toma sus palabras en serio, pues se supone que un gobernante actúa con congruencia.
Hay casos de casos, como el día en que Rodrigo aseguró que “Costa Rica es un faro de democracia” y, ni tres meses después, Chaves lo desautorizó al afirmar que es una “dictadura perfecta”. Se le ocurrió expresarlo con tal de justificar su (moribunda) “ley jaguar”.
Discrepancia similar sucede en su pública aversión hacia el Ministerio Público. Hace un año, el 26 de octubre, Rodrigo deploraba la lentitud del órgano acusador del Estado en el proceso del caso Aldesa. Llegó a convocar a los inversionistas perjudicados por el descalabro financiero para, rodeado por ellos, salir a decir al fiscal general, Carlo Díaz, ante cámaras: “No es sano que transcurra tanto tiempo entre el caso y una acción judicial”. El miércoles pasado, con el caso Barrenador, Chaves apareció en el mismo escenario para todo lo contrario: reclamar al fiscal general “por qué se movió tan rápido en esta causa”.
Es más, hace un año, Rodrigo se manifestaba muy enojado porque “hay 594.000 millones de razones” para que el fiscal “dé cuentas al pueblo de Costa Rica”, en alusión a los millones de colones de los inversionistas de Aldesa. Sin embargo, Chaves no ve ahora 12.000 millones de razones para que el fiscal rinda cuentas a los trabajadores que cotizan a la CCSS por los ¢12.400 millones anuales del supuesto sobreprecio que señala el Ministerio Público en la adjudicación aprobada por la Junta Directiva de la CCSS para el manejo de 138 Ebáis.
Esto es insólito, desconcertante, porque un día exige acciones judiciales para unos, pero, cuando le tocan a sus colaboradores, las desacredita. Esa persistente contradicción entre Rodrigo y Chaves socava la credibilidad en el presidente, pero, además, confunde a los ciudadanos y genera inseguridad.
El autor es jefe de redacción de La Nación.