Legisladores de oposición criticaron al gobierno de Rodrigo Chaves por la pérdida de tiempo y recursos públicos que significó la llamada “ley jaguar” pues desde un principio estaba claro que era inconstitucional, como lo advirtieron incluso asesores del mandatario, y buscaba evadir controles en los procesos de contratación pública.
Óscar Izquierdo, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y jefe de la mayor bancada del Congreso, aseguró que la segunda versión de la propuesta que Chaves buscaba llevar a referéndum no será apoyada por los verdiblancos, pues los magistrados demostraron que atenta contra la Constitución Política.
“Costarricenses, no podemos normalizar los intentos de legalizar lo ilegal, tampoco podemos abrirle la puerta a la corrupción. En próximos días estaremos analizando como fracción este voto completo, pero anuncio de una vez que esta fracción estará votando en contra de este proyecto que solamente busca debilitar los controles que debe tener cualquier Gobierno al ejecutar fondos públicos”, afirmó.
Según el liberacionista, los artículos analizados por la Sala IV confirmaron los vicios de inconstitucionalidad que su fracción había advertido desde el inicio.
“Tal y como lo habíamos anticipado, luego del análisis del nefasto proyecto presentado por el Poder Ejecutivo como ley jaguar 1, el día de hoy la Sala Constitucional ha confirmado que el intento de ley jaguar 2.0 es también inconstitucional”, agregó.
Luis Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), afirmó que la discusión del plan “fue una “pérdida de tiempo”, pues considera urgente que se construyan obras de infraestructura, pero no con propuestas mal redactadas.
“Era un gatito, no era un jaguar. ¿Por qué lo decimos con dolor? Porque la obra de infraestructura en este país no se está desarrollando, los planteamientos del gobierno cometen errores terribles y después le dicen a la gente mentiras”, afirmó.
Aseguró que con la presentación de proyectos ilegales el gobierno busca un discurso que “polariza” al país, lo cual no es de recibo para su bancada, ya que de esta forma el Ejecutivo perjudica el desarrollo nacional.
“Estamos de la mano de la gente que necesita afinar el lápiz, cuidar un poco más el lapicero, y hacerlo bien hecho, porque si usted va a recibir un referéndum para emitir su voto no se vale que sea ilegal”, agregó el diputado del PLP.
David Segura, jefe de la bancada de Nueva República (PNR), afirmó que la resolución de la Sala IV solo demuestra la “incapacidad” del gobierno para “armar un proyecto constitucional”.
“La ley jaguar fracasa de nuevo por culpa del mismo gobierno que no sabe ni redactar un proyecto de ley. Si algo nos han demostrado es que tienen muy malos asesores redactando proyectos de ley”, indicó Segura.
Por su parte, Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, indicó que no dará declaraciones hasta que haya estudiado bien el fallo.
María Marta Carballo, vocera de la Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que, ante los vicios de inconstitucionalidad de la “ley jaguar 2.0″, esperará el fallo completo para ver los argumentos de los magistrados.
“Desde la fracción habíamos presentado una propuesta como plan b, en caso de que la Sala rechazara la versión 2.0 de la ley jaguar, siempre hemos manifestado la necesidad de Ciudad Gobierno, así como la terminal de cruceros de Limón, dos temas importantes para el ahorro y la generación de empleo. Luego de conocer el fallo completo veremos la ruta a seguir con este proyecto”, dijo Carballo.
La noche de este martes 1.° de octubre la Sala IV informó sobre la resolución de la consulta de constitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República (CGR), sobre el proyecto de la “ley jaguar 2.0″.
