Iniciamos la semana con una noticia que acaparó la atención: el allanamiento de 28 lugares y la detención de la más alta jerarquía de la Caja Costarricense de Seguro Social como parte de las investigaciones por el aparente sobreprecio en la contratación para la administración de 138 Ebáis en 10 áreas de salud, por más de ¢12.400 millones anuales durante 10 años. Sin duda, un hecho que conmociona al país.
No quiero referirme en esta columna a la investigación y al proceso penal, que seguirá su curso, y serán finalmente los jueces de los tribunales de juicio, apelación y la Sala Tercera quienes tendrán la última palabra. Se deberá respetar, como lo hace nuestro Poder Judicial, el debido proceso y el ejercicio de la defensa de las personas acusadas, iniciando con la presunción de inocencia.
A lo que sí quiero referirme es a las reacciones del Poder Ejecutivo y de algunos diputados de la fracción oficialista, porque a todas luces representan un peligro para el sistema democrático y la libre actuación de los órganos públicos dentro del marco de sus competencias.
Comenzando por las desafortunadas declaraciones de la ministra de la Presidencia, quien no solo hizo afirmaciones inexactas que fueron refutadas por el jefe del Ministerio Público, como el señalar que se acusaba el delito de prevaricato, sino que también sugirió que la Fiscalía busca intimidar al gobierno para que no actúe.
Luego, un diputado oficialista lanzó la amenaza de que debe dejarse de meter “leña al fuego” para que, después, el presidente rematara, en su costumbrada conferencia, con ataques explícitos contra el Poder Judicial, el Ministerio Público y el fiscal general, incluso afirmando que solo faltaba que le allanaran su casa, una manifestación impropia para una persona que tiene más de 40 procesos penales en investigación.
Sin duda, estamos ante una situación nunca vista. Se cuestiona una investigación judicial no en los respectivos expedientes dentro de los procesos penales, como debe ser, sino ante la opinión pública, buscando crear un clima adverso contra la administración de justicia, cuando, por el contrario, es nuestro deber fortalecerla.
Finalmente, resultan irónicos estos ataques de un gobierno que presentó una denuncia tributaria basado en un tiktok.
La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
