A un mes de que venza el contrato de fideicomiso entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Banco de Costa Rica (BCR) para el diseño y construcción de 52 obras, las autoridades de esas instituciones no han decidido si mantendrán o no el convenio para avanzar con los proyectos.
Entre las obras, las áreas de salud son fundamentales, pues se encargan de la atención médica de asegurados en cantones o distritos, ofreciendo consulta general, servicios ambulatorios, odontología, atención de urgencias, entre otros.
Según explicó el BCR, necesitan el visto bueno de la Caja para ejecutar una prórroga del contrato y así extender la relación por siete años más. La entidad aseguró que ya envió toda la información necesaria a la Seguridad Social, pero no ha recibido respuesta.
“(...) No se tiene una manifestación formal de parte de la CCSS sobre su intención o negativa a prorrogar el contrato del fideicomiso”, enfatizó Roy Benamburg, gerente de Negocios del BCR.
La CCSS declinó contestar qué pasará con los proyectos en ejecución si no se renueva el contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica.
“En este momento se están planteando informes a la Junta Directiva para la toma de decisión. Hasta que la Junta Directiva lo analice y tome la decisión no podemos adelantar criterio”, declaró Jorge Granados, gerente de Infraestructura y Tecnologías de la institución.
Desde la semana anterior se solicitó una entrevista con un vocero del BCR para hacer preguntas sobre este tema, pero la entidad aún no concreta una cita.
El fideicomiso entre la CCSS y el BCR fue firmado en mayo de 2017 con el propósito de que el Banco se encargara de ejecutar la infraestructura con procedimientos más ágiles y económicos que los desarrollados por la CCSS. Además, se pretendía un ahorro a mediano plazo de más de $3 millones (¢1.545 millones) al año por concepto de alquileres.
A la fecha, de los 52 proyectos planteados, solo cinco han iniciado la construcción, con porcentajes de avance físico de entre 2% y 95%.
Se trata de las áreas de salud de La Fortuna y Aguas Zarcas, en San Carlos; La Unión, Cartago; Cariari, en Pococí; y Carrillo, Guanacaste.
Los otros 47 proyectos están en fase de diseño, de elaboración de anteproyectos, en estudios preliminares y en selección de terrenos. Entre estos se encuentran las áreas de salud de Acosta (San José), Alajuela Oeste, Cóbano y Garabito (Puntarenas), Nicoya (Guanacaste) y Talamanca (Limón).
El avance financiero, según datos entregados por el BCR, es de ¢27.172 millones, equivalente al 6,6% de los ¢407.000 millones que se esperaban invertir. Además, desde 2017, la CCSS le ha pagado a la entidad financiera ¢1.920 millones.
La principal interrogante en caso de no continuar con el contrato de fideicomiso es quién asumiría las labores que en la actualidad realiza el Banco, como contratación de constructoras, pago de proveedores, supervisión de obras, diseños, trámite de exoneraciones y otros.
El Informe de la Continuidad del Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR 2017, elaborado por la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías en febrero anterior, indica que de no continuar con el Banco se tendrían que crear plazas para contratar personas que asuman las funciones.
“En caso de asumir la CCSS toda la gestión del Programa de Proyectos del fideicomiso, se tendría que considerar la creación de plazas ordinarias adicionales (...) Se tendría que reclutar personal externo a la CCSS y, debido a la Ley de Empleo Público, podríamos tener el inconveniente que profesionales idóneos no consideren atractivo laborar para la institución”, señala ese documento.
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El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) elaborado por la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS no halló fortalezas en el escenario de pasar los proyectos a manos de la Seguridad Social. Por el contrario, advirtió de que no se cuenta con el personal suficiente para administrar las obras, problemas administrativos para reclutar profesionales y aumento en los tiempos de contratación, entre otros.
Tampoco detectaron oportunidades y, por el contrario, enumeraron múltiples amenazas, entre las que están el pago de eventuales indemnizaciones a contratistas, retrasos en la prestación de servicios, “tiempos muertos” por curvas de aprendizaje e incremento de costos, entre otros aspectos.
Ese mismo informe menciona una lista de 11 riesgos al finiquitar el fideicomiso y trasladar los proyectos a manos de la CCSS. Entre ellos están las dificultades para trasladar los contratos en desarrollo al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), cierre de 55 contratos asociados al fideicomiso y apertura de nuevos, aumento de costos por nuevas condiciones de contratación, impacto en los servicios de salud e incremento en los tiempos de duración de los proyectos, entre otros.
Pese a todas esas advertencias, la CCSS sigue sin definir el futuro del fideicomiso.
Desde febrero anterior, Carlos Arburola López, representante legal del Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR 2017, envió un oficio a Danilo Monge Guillén, director de la Unidad Técnica Contraparte, en el que consulta sobre la continuidad del fideicomiso. Sin embargo, no ha tenido respuesta.
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En esa nota se establece que la no continuidad debe comunicarse, de acuerdo con el contrato, 90 días hábiles antes de la resolución contractual, fijada para el 23 de octubre de 2024. En otras palabras, si la CCSS considera que no debe mantener el fideicomiso por las razones que sean, debió haberlo comunicado el 14 de junio, pero eso no sucedió.
“Se solicita al Fideicomitente indicar si el Fideicomiso continuará operando según lo pactado contractualmente y lo programado con base a los acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS”, concluyó Arburola.
