En mis 47 años de experiencia laboral en el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), he participado en la atención de unos 40 casos de contaminación química o microbiológica en diferentes acueductos. Tradicionalmente se han conformado equipos de trabajo con personal del LNA y el Área Operativa de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Con el aumento de la población, el urbanismo y la diversificación de la industria, estos sucesos se han incrementado y, en algunos casos, complicado. Lamentablemente, durante la atención de estos hechos se originan contradicciones e ironías ambientales.
Para efectos ilustrativos, me referiré a la contaminación con hidrocarburos en el sistema que abastece de agua a Guadalupe, Moravia y Tibás, ocurrida el 22 de enero de este año.
En junio del 2021, Eric Alonso Bogantes Cabezas, entonces gerente general del AyA, solicitó la revisión de riesgo denominada Intervención de la Producción de Agua Potable UENPD-PPOT-2017-R001 del OSA-51. Óscar Ramírez Sánchez, director de Producción y Distribución de Plantas Potabilizadoras del Gran Área Metropolitana, respondió en tiempo y forma el 23 de junio del 2021. En el documento, manifestó un grave riesgo debido a la gran vulnerabilidad de las fuentes de agua superficiales, e hizo énfasis en aspectos como la falta de mantenimiento en las instalaciones de producción, la ausencia de profesionales dedicados exclusivamente a la potabilización, el riesgo de deterioro de la calidad del agua cruda y la gran cantidad de plazas vitales vacantes. Esta situación ni siquiera recibió una respuesta de Bogantes.
Es contradictorio e irónico que Bogantes, en sus funciones actuales de regulador general, haya sido el primero en recriminar al AyA por una supuesta reacción esquiva y tardía a la crisis (La Nación, 30/1/2024), ya que, si en su función de gerente general del AyA hubiera atendido la revaloración de riesgo de las plantas potabilizadoras, indicada oportunamente por Óscar Ramírez el 23 de junio del 2021, la emergencia de enero quizá se hubiera evitado, al igual que el allanamiento de las instalaciones del AyA, y ni que decir del injusto traslado de tres funcionarios esposados a las celdas del OIJ, entre ellos el mismo Ramírez.
Otra contradicción es que los culpables de la contaminación por hidrocarburos probablemente están fuera del AyA. Cabe preguntar, entonces, cuál ha sido el papel de los ministerios de Ambiente y Salud y de las municipalidades de Tibás, Moravia y Goicoechea en la protección de sus fuentes de agua.
El Reglamento para la Calidad del Agua Potable no establece un valor máximo permitido para hidrocarburos totales, pero para el xileno, reportado seis días después en los resultados de análisis del Celeq, laboratorio adscrito a la UCR, se especifica el valor máximo permitido en 500 microgramos por litro de agua. Sin embargo, solo 8 de las 145 muestras estudiadas (un 5,5 %) presentaron concentraciones superiores.
Este episodio de contaminación se vio afectado y salpicado por contradicciones, ironías e injusticias.
El autor es microbiólogo y salubrista público, director del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
