El Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda en los centros educativos públicos entró en vigor en el 2012, pero su ruta hasta ese punto no fue fácil. Pasó por la Sala Constitucional y los tribunales contenciosos administrativos, cuestionada por la industria alimentaria y por los concesionarios de las sodas.
La normativa pone en manos de la administración una gama de sanciones posibles, desde la llamada de atención al concesionario y la petición de cambios en los productos ofrecidos hasta la cancelación de la concesión. Las juntas de educación o las juntas administrativas pueden ser sancionadas por el concejo municipal respectivo y el Ministerio de Salud puede decomisar productos y emitir órdenes sanitarias.
Pero ni la larga lucha librada para imponer el reglamento ni las sanciones contempladas impiden la venta a los estudiantes de productos prohibidos en los centros educativos. Un reciente estudio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), publicados en la revista Nutrients, señala el frecuente incumplimiento de la normativa con la venta de bebidas azucaradas, según la reciente información de este diario.
El reglamento prohíbe las bebidas preenvasadas con exceso de azúcar y las bebidas carbonatadas de todo tipo. Tampoco permite refrescos hechos a partir de pulpas azucaradas y concentrados artificiales con más de 15 gramos de azúcar (tres cucharaditas) por cada 250 ml. Los refrescos caseros no deben tener más de dos cucharaditas (10 gramos) de azúcar por cada 250 mililitros.
El incumplimiento de los contenidos de azúcar en las bebidas hace sospechar de otros alimentos regulados, como las frituras, dulces y grasas. Si la falta de vigilancia permite el exceso de azúcar en las bebidas, no hay razón para confiar en el acatamiento de las demás normas establecidas en el reglamento.
El asombroso intento de eliminar el etiquetado frontal de los productos importados apunta a la reciente falta de preocupación por el problema en general. Las etiquetas advierten del alto contenido de calorías, grasa, azúcares o sodio, y son utilizadas en gran cantidad de países, pero el nuestro no las exige y las autoridades decidieron prohibirlas en alimentos extranjeros procedentes de mercados donde son obligatorias.
La solución contraria, es decir, encontrar la uniformidad mediante la exigencia de etiquetas en la producción local, habría sido más coherente con la finalidad de promover la alimentación sana o, cuando menos, bien informada, pero la Sala Constitucional debió intervenir para evitar la censura de las etiquetas extranjeras.
A la luz de esos acontecimientos, no sorprende la falta de supervisión que posibilita las infracciones constatadas por el Inciensa. Según la institución, el 43 % de los adolescentes consumen el doble del máximo de azúcar recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Las sodas escolares no son la única fuente de ese exceso. “Nuestros hallazgos sugieren que los adolescentes en Costa Rica tienen una plétora de fuentes de azúcar añadida en todos los ambientes donde socializan (...). El consumo de azúcares añadidas, especialmente en las bebidas azucaradas, se ha asociado con varios daños a la salud durante la adolescencia”, dice el estudio.
No obstante, las sodas escolares son prácticamente inevitables para los alumnos, y una nutrición adecuada debe entenderse como parte de la educación. Los expertos se cuidan de no satanizar las bebidas azucaradas, pero piden racionalizar el consumo. “Un vaso de vez en cuando no hace mal. El problema es cuando se transforma en un hábito”, dice Rommy Reñazco Martínez, del Colegio de Profesionales en Nutrición. El fácil acceso cotidiano a esas bebidas en la soda del centro educativo no contribuye a evitar el exceso y tampoco permite la supervisión paterna cuando en la familia hay conciencia de los riesgos.
