Nicolás Maduro, a quien ya solo se puede calificar como dictador de Venezuela, intentó durante los últimos meses todo tipo de maniobras para enquistarse en el poder y, a la vez, simular respeto a la democracia. Fracasado y expuesto en esos contradictorios intentos, acude a la más burda de sus acciones, con la cual ratifica que su único punto de apoyo es la represión sin afeites ni escrúpulos: forzar el exilio en España de Edmundo González Urrutia, presidente electo por abrumadora mayoría el 28 de julio.
El recuento de obstáculos y triquiñuelas activado por el régimen para evitar el triunfo de la Mesa de Unidad Democrática no tiene parangón en la historia política de América Latina. El más evidente, meses antes de los comicios, fue la inhabilitación como candidata presidencial de María Corina Machado, la gran líder opositora, una suerte corrida también por otros dirigentes afines. El dictador y sus secuaces creyeron que así sucumbiría la unidad que se había forjado a su alrededor con tanto esfuerzo y esmero. Fracasaron. González, quien la sustituyó, desarrolló junto con ella una vigorosa y exitosa campaña.
A lo anterior se añade que Maduro tuvo el monopolio para hacer campaña en los medios de comunicación de circulación general, bajo su control directo o indirecto. Amenazaron y apresaron a militantes democráticos. Cambiaron de ubicación varias mesas de votación. Frenaron el registro electoral de venezolanos en el exterior. Lograron, mediante micropartidos, que su rostro apareciera más de diez veces en la papeleta.
Todo ocurrió en el contexto de un Consejo Nacional Electoral (CNE) sometido al oficialismo. Aun así, González ganó por más del 60 % de los votos, según demuestra el 80 % de las actas de votación oficiales, que la oposición obtuvo, pero el oficialismo nunca ha publicado.
Como para el régimen la realidad es optativa, el CNE proclamó a Maduro presidente electo la noche del 28 de julio. Siguieron entonces múltiples maniobras distractoras, que concluyeron con la “certificación” de su triunfo por una sala de la Corte Suprema de Justicia, instrumento del régimen. A ella siguieron la convocatoria de González a la Fiscalía, la presentación de espurios cargos en su contra por inexistentes delitos y una orden de captura.
Acogido como huésped tras las elecciones por la Embajada de los Países Bajos, la protección diplomática del presidente electo cada vez era más difícil de sostener. El sábado, fuerzas de seguridad rodearon y cortaron la electricidad a la Embajada de Argentina, cuya representación ostenta ahora Brasil. Fue, más que una acción contra seis dirigentes opositores refugiados en ella, una advertencia para González, quien desde el jueves se había trasladado a la residencia del embajador español.
La salida, casi inevitable, aunque en extremo dolorosa, fue el exilio. El régimen le otorgó un salvoconducto y el propio sábado en la tarde salió de Caracas en un avión de la Fuerza Aérea de España, adonde llegó el domingo.
Este enorme golpe represivo, sin límite ni pudor alguno, que revela con crudeza extrema la perversa naturaleza del régimen, está destinado a descabezar la oposición, debilitar a sus cuadros dirigentes, desmovilizar su capacidad de convocatoria ante el fraude y hacer que cunda el desencanto. María Corina Machado, la gran líder, ha asegurado que seguirá en Venezuela dando la lucha, pero el presidente electo es González. Su lejanía dificultará en extremo mantener la presión interna sobre la camarilla gobernante y entorpecerá cualquier negociación —siempre improbable— para una transición que respete la voluntad popular.
A tal opción, con una ingenuidad que rayó en complicidad, apostaron los gobiernos de Brasil y Colombia. Lo único que lograron fue darle tiempo a Maduro para articular su respuesta brutal. Es una lección que debería conducirlos a rechazar totalmente su legitimidad y sumarse a las decenas de democracias de América y Europa que desconocen claramente su triunfo.
Pero no basta con lo anterior. Debe acrecentarse la presión internacional como Maduro no la ha sentido antes. Si en pocos días el CNE no hace pública las actas que demuestren su inexistente victoria, lo que corresponderá es que, cuando llegue el momento para la transición del poder, en enero, la comunidad democrática internacional, incluidos Brasil y Venezuela, reconozca a González como presidente legítimo. A diferencia de Juan Guaidó en el 2018, su presidencia no es producto de un congreso, sino de los votos directos del pueblo, es decir, una expresión clara de la voluntad popular.
Mientras controle el aparato represivo, difícilmente estas acciones harán cambiar de libreto al dictador, pero el intento debe hacerse, con vigor, decisión, claridad y valentía.
