México. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, denunció este domingo un intento de “desmantelamiento del poder judicial” en México, donde el oficialismo de izquierda comenzó a discutir una polémica reforma en el Senado.
“La destrucción del poder judicial no es el camino”, afirmó Piña en un mensaje por redes sociales, mientras miles de personas protestaban en Ciudad de México contra el proyecto que propone la elección popular de jueces y magistrados.
Acompañada de otros colegas, la ministra, quien el viernes participó en protestas organizadas por funcionarios judiciales en huelga, anunció dos propuestas elaboradas por el poder judicial.
Según esos planteamientos, la elección afectaría la independencia de los juzgadores y facilitaría el “involucramiento de grupos de poder y crimen organizado en la conformación del poder judicial”.
Piña llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar las observaciones que señalan que la enmienda debilitará la impartición de justicia.
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Sin embargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, autor del proyecto, declaró el sábado que sus adversarios “están queriendo confundir” al plantear que la reforma creará “inestabilidad”.
“¿Qué miedo pueden tener si lo que queremos es acabar con la corrupción?”, cuestionó en Tulum, durante una gira con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien apoya la iniciativa.
El texto fue aprobado el pasado miércoles por la Cámara de Diputados, que tuvo que sesionar en un polideportivo, ya que el edificio legislativo fue bloqueado por manifestantes.
La propuesta también fue criticada por Estados Unidos y Canadá, que advierten sobre un posible daño a la democracia y al acuerdo comercial T-MEC, así como por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.
Washington advirtió que la elección popular podría ser aprovechada por el narcotráfico para manipular a los jueces, lo que el gobierno rechazó, calificando la advertencia como una declaración “injerencista”.
El mensaje de Piña surgió poco después de que dos comisiones del Senado comenzaran la primera discusión del proyecto de López Obrador, cuya popularidad supera el 70%, según encuestas.
Al oficialismo le faltaría solo un voto en esa cámara para lograr los 86 (dos tercios) necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostiene que 85 serían suficientes.
El mandatario, cuyo mandato finaliza el 1°. de octubre, afirma que la reforma es esencial para combatir la impunidad, que según oenegés ronda el 90%.
La propuesta plantea que los candidatos a jueces y magistrados sean propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
López Obrador acusó a miembros del poder judicial de favorecer a los delincuentes de cuello blanco y a criminales, señalando que perciben ingresos superiores a los permitidos por la ley.
El Presidente mantiene un fuerte enfrentamiento con la Suprema Corte, a la que acusa de aliarse con la oposición tras bloquear varias de sus reformas clave en los sectores energético y de seguridad.
En medio de este conflicto de poderes, Piña decidió consultar a sus colegas el jueves pasado para determinar si el máximo tribunal es competente para frenar el proyecto, tal como solicitaron funcionarios judiciales, algo que fue rechazado por el presidente.
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El proyecto fue aprobado en comisiones del Senado la noche de este domingo y se espera que sea presentado al pleno el martes para su votación un día después.
Además de la huelga, la iniciativa generó protestas de estudiantes de derecho y organizaciones civiles.
Miles de personas se manifestaron este domingo frente al Senado en rechazo al proyecto, aunque permitieron el acceso al recinto ubicado en el Paseo de la Reforma.
“¡El poder judicial no caerá!”, corearon los manifestantes.
“¡Que no se rajen!, que cumplan su promesa de votar en contra de la reforma”, reclamó a los legisladores opositores Claudio X. González, un empresario acaudalado, a quien López Obrador considera el jefe de la oposición.
Los 43 senadores opositores, que captaron la atención de los medios, denunciaron en los últimos días presiones del oficialismo para obtener el voto restante.
