La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reprochó a la Gerencia de Pensiones por tener un grupo de 114 préstamos hipotecarios, por un monto de ¢2.014 millones, sin cobrar, a pesar de que el último pago recibido en algunos casos data de hace más de cuatro años.
En el informe AD-AFINPE-0083-2024, del pasado 31 de julio, se cuestionó a la institución por no formalizar las demandas ante el Juzgado de Cobro Judicial, a pesar de que en el registro contable dichas operaciones ya estaban catalogadas como tales.
“De no llevarse a cabo las acciones judiciales correspondientes según la criticidad de los casos, existe el riesgo de prescripción, tanto del monto principal, como de los intereses moratorios”, señala el oficio.
De hecho, la Auditoría advirtió de que existe un riesgo de daño al patrimonio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) porque los recursos de la cartera hipotecaria de la Caja se utilizan para ese programa de financiamiento de vivienda.
“El demandado podría alegar prescripción de la deuda, lo que podría comprometer seriamente la recuperación de los montos adeudados si no se realizan las gestiones cobratorias pertinentes”, se enfatiza en el oficio.
Alta morosidad y baja colocación golpean negocio crediticio del IVM
La investigación revela que, en los últimos tres años, hubo un incremento en el indicador de morosidad superior a 90 días, pasando del 2% al cierre de 2021, es decir ¢1.638 millones, a un 3,5% durante el primer trimestre de este año. Dicho porcentaje equivale a ¢2.816 millones, según los datos de la institución autónoma.
A marzo anterior, la cartera de crédito de la CCSS registró un saldo de ¢80.432 millones colocados en 5.000 operaciones.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, sostuvo que todas las operaciones crediticias con mora de más de 90 días están en proceso de gestión de cobro administrativo o judicial.
“Hay casos que sí estamos valorando. Si en alguno no se está apegado a la normativa (interna), se deberá investigar y tomar las acciones que correspondan”, aseveró el jerarca.
Por su parte, Roy Retana Mora, jefe del Área de Crédito Hipotecario del IVM, afirmó que las operaciones en morosidad se han reducido, pues a mayo pasado eran 84, por un monto de ¢1.700 millones.
Retana explicó que en 20 de esos préstamos se llegó a un arreglo de pago con el deudor, quedando solo 64 en proceso de cobro. “En estas operaciones ya se están estableciendo las demandas en sede judicial”, afirmó.
Sin embargo, el funcionario añadió que, por experiencia, cuando un caso se envía al Juzgado de Cobro Judicial, la familia siempre busca la manera de no perder el inmueble y opta por arreglos de pago.
“De esas 60 denuncias que vamos a interponer, creemos que aproximadamente el 90% llegarán a un arreglo en el corto plazo. Si a caso, a la instancia final de sentencia llegará el 5% de los casos”, calculó.
El jefe de Crédito Hipotecario del IVM desaprobó el informe de la Auditoría Interna de la Caja porque tomó en cuenta operaciones crediticias que datan de 1991.
