El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) otorgó un mes de plazo al Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) para desalojar los inmuebles donde operan las delegaciones regionales del Valle Occidental en Palmares y Pérez Zeledón, que la entidad cafetalera ocupaba como parte de un convenio con el ente gubernamental. Esta decisión tomó por sorpresa a los directivos del gremio y evidenció discrepancias entre ambas partes.
“Es extraño porque esto nunca se había dado, siempre hemos visto un Ministerio de Agricultura colaborando con el café, se podría decir que durante 60 años. En este momento, esta decisión de desalojo nos agarró por sorpresa”, señaló Marvin Rojas, representante del sector tostador en la Junta Directiva de la entidad productora.
Por medio de dos comunicaciones remitidas el 16 y 30 de agosto pasado, el MAG solicitó la entrega de los locales al director ejecutivo de Icafe, Gustavo Jiménez, señalando razones distintas para cada caso, pese a que el Valle Occidental es la segunda región productora de café del país, mientras que Pérez Zeledón ocupa el cuarto lugar de un total de siete áreas.
En el oficio DNEA-476-2024, del 16 de agosto, firmado por Karla Mena Soto, directora Nacional de Extensión Agropecuaria, y el subdirector David Barboza Navarro, se indica que el Instituto no ha reflejado un espíritu de cooperación para colaborar con el MAG en el mantenimiento y la limpieza de la zona verde aledaña al inmueble en uso precario en Pérez Zeledón. “Pone en riesgo la seguridad de los funcionarios e incluso del patrimonio de ambas instituciones”, se precisa en el oficio.
Por esta razón, el MAG informó que no se prorrogará el convenio de cooperación institucional CV-009-2017-AJ-MAG, suscrito en abril de 2017 y con vigencia de cinco años, que venció en 2022.
“Por tanto, se otorga un plazo de un mes natural a partir de esta notificación para que el Icafe comunique a quien corresponda y se proceda con el respectivo desalojo”, añade el oficio.
La otra comunicación, DM-MAG-1165-2024, enviada el 30 de agosto y firmada por el jerarca del MAG, Víctor Carvajal, indica que el convenio de cooperación CV-0674-2022 vence en setiembre de este año. “En razón de lo anterior, le comunico que, por razones de conveniencia y oportunidad para la ejecución de proyectos de estrategia nacional, como Trazabilidad Bovina y Gusano Barrenador, entre otros, se ha decidido no prorrogar el convenio”, señala la carta.
En la misiva se otorgó un mes natural para la salida a partir de la notificación. “Comunique a quien corresponda y se proceda con el desalojo de las instalaciones del MAG contempladas en dicho convenio”, se precisa.
En la misiva, se hace referencia a dos cláusulas del convenio, “Es claro y entendido por ambas partes que el presente es un convenio interinstitucional, por lo que no existe ni existirá entre ambas partes contratantes relación laboral alguna, ni se genera relación alguna de arrendamiento”, se indica. Además de que corresponde simplemente a un préstamo de uso a título precario y se podrá revocar por razones de oportunidad sin responsabilidad para ambas partes.
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Guillermo Trejos, presidente de la Junta Directiva de Icafé, comentó que los avisos ya fueron conocidos por los directivos el 4 de setiembre. “En el caso de Pérez Zeledón, el MAG hace una serie de observaciones que la administración consideró incorrectas. No quisimos hacer mayor polémica del asunto”, dijo.
Trejos añadió que, “más que entrar a discutir la posición del MAG”, solicitaron a la administración que busque alternativas para moverse de las instalaciones en el plazo indicado. Informarán a los sectores que podrían verse afectados en los servicios que ofrecen.
“La situación nos tomó por sorpresa”, dijo y agregó que la junta directiva también acordó conversar con el MAG para ver si la decisión puede revertirse.
“No me interesa hacer mayor polémica sobre el asunto. Hay ciertos factores en el entorno que generan polémica, pero como presidente de la Junta Directiva debo ser muy pragmático”, añadió Trejos.
El representante del sector tostador espera que se trate de un malentendido. “El cafetalero está en crisis, lo que se traslada a las empresas procesadoras. Esto va a afectar porque son lugares estratégicos donde los productores acuden”, afirmó.
También consideró importante que el sector y el gobierno trabajen juntos para apoyar a la caficultura, que enfrenta afectaciones desde la pandemia por la covid-19 que generó la reducción de mano de obra, los conflictos geopolíticos que elevaron los costos de insumos y la apreciación del tipo de cambio.
La Junta Directiva del Instituto está conformada por nueve miembros: cinco representantes de los productores, un representante del sector exportador, uno del sector beneficiador y uno del gremio de tostadores, electos en asambleas de cada sector, según explicó el cafetalero Fernando Naranjo Retana, miembro de la instancia. También la integra el jerarca del MAG como representante del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la Ley N.º 2762, Régimen de Relaciones de Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, vigente desde 1961, el Icafé es una entidad pública de carácter no estatal con personería y patrimonio propios. Xinia Chaves, expresidenta de la junta directiva y exdirectora ejecutiva de Icafe, recordó que la entidad siempre se ha financiado con una contribución de los productores equivalente al 1,5 % del valor del quintal de café exportado.
Chaves, también exviceministra del MAG, expresó su molestia por los desalojos y destacó que la investigación y promoción del café la ejecuta el Icafe con un presupuesto anual estimado en ¢4.000 millones. “Esto significa que descargamos del Presupuesto Nacional y de las responsabilidades del Estado y del MAG ese monto”, añadió. “No logro entender cómo vamos a mantener una discusión de este tamaño con un ministerio que debería tenernos gratitud”, afirmó.
“Cuando leo que es porque el jardín no está cuidado, por Dios, hasta dónde estamos llegando. Deberíamos pensar en cómo fortalecer las relaciones”, expresó la cafetalera.
Carvajal explicó que, en el caso de Palmares, el MAG requiere infraestructura debido al fortalecimiento de los servicios de extensión agropecuaria. “No es un desalojo. Antes teníamos menos personal y más espacio, ahora la situación ha cambiado. Ellos posiblemente trasladarán su agencia a otro lugar. No implica bajo ninguna circunstancia un cierre”, afirmó.
Sobre Pérez Zeledón, Carvajal lo consideró un “caso particular” porque el convenio venció hace dos años. La Contraloría General de la República señaló que en los acuerdos entre dos entes de derecho público, ambas partes deben aportar algo o beneficiarse. “El personal de la oficina regional del MAG solicitó apoyo para hacer alguna chapia pequeña dentro del complejo, y el Icafé no ha colaborado. Esto ha generado problemas, incluso con el ingreso de indigentes”, dijo.
Consultado si consideraba desproporcionada esta situación, dado que el café es una de las principales actividades agrícolas y generadoras de ingresos por exportaciones del país, Carvajal respondió que esta semana se reunió con el presidente, vicepresidente y director ejecutivo del Instituto, y no mencionaron el tema. “Partí del supuesto de que no había ningún inconveniente, porque no me comentaron nada”, declaró.
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Carvajal también mencionó que “cada vez que he intentado ayudar en algo, me han acusado de intromisión del Ejecutivo en temas de café. Eso genera complicaciones y confusión. Siempre he estado dispuesto a ayudar, pero no ha habido una solicitud por parte de ellos para conversar”.
Sin embargo, Trejos explicó que la reunión con el ministro fue el lunes 2 de septiembre y ya estaban en agenda tres temas específicos. “El tema de las regionales se conoció el miércoles 4 en la Junta Directiva, así que no podíamos referirnos a él el lunes sin haberlo discutido antes en Junta”, aclaró.
Naranjo Retana consideró que Carvajal quiere ejercer poder como ministro en la instancia. “Es una lucha de poder. Quiere hacer las cosas a su manera, pero no está consciente de que solo tiene un voto, igual que los demás miembros y para eso se ocupa consenso, no imposición”, afirmó. Coincidió también en que el sector enfrenta una crisis por la apreciación del tipo de cambio del colón frente al dólar, lo que dificulta cubrir los costos de producción, estimando pérdidas de ¢40.000 por cada fanega en las dos últimas cosechas.
Naranjo agregó que Carvajal, desde que asumió el cargo, no ha asistido de manera completa a una sesión de trabajo de la directiva. “Siempre sale y se va, o lo hace virtualmente. Una persona que no está durante cinco o seis horas no puede tener el criterio de los que permanecemos”, afirmó. Carvajal se justificó diciendo que participa en 16 juntas directivas diferentes.
“Tengo giras de trabajo. Si me dedicara a estar al 100% en todas las juntas directivas, ni siquiera podría asistir al Consejo de Gobierno. Trato de participar lo más posible y, cuando hay temas relevantes, genero invitaciones al despacho”, respondió.
El ministro dijo que tiene claro el enfoque del Icafé, cuando se le preguntó si hay discrepancias entre ambos órganos.
Carvajal mencionó que propuso un programa de financiamiento con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), pero dijo que el Instituto no mostró interés en ayudar. Por su parte, Naranjo indicó que los productores propusieron al gobierno el establecimiento de un fideicomiso para apoyar al sector, pero este fue rechazado.
