En días pasados, el presidente de la República defendió el proyecto de presupuesto del 2025 y criticó a varios sectores por presionar para obtener mayores recursos. El argumento del mandatario se sustentó en el hecho de que el gobierno recoge impuestos insuficientes para financiar los gastos. Esta situación no es nueva, pues prácticamente todas las administraciones enfrentan el mismo desafío. Lograr un equilibrio adecuado entre los gastos y los ingresos es el pan de cada día de una buena gestión.
Pero en los últimos años, el discurso sobre la situación fiscal ha ido mutando y cada vez se parece más a los criticados en administraciones anteriores. En el 2021, el presidente afirmaba que Costa Rica era un país rico, pero mal administrado. En campaña electoral consideró innecesario aumentar impuestos, pues bastaría con mejorar la administración tributaria. Días antes de la toma de posesión, anunció que el convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue poco ambicioso y lo renegociaría hacia arriba. Todo eso se dijo partiendo de la suficiencia de los recursos para enfrentar las necesidades.
A finales del 2023, el ministro de Hacienda anunció que el momento de gastar más en bienestar social estaba “cerca”. Así respondió a las demandas de mayor inversión en seguridad social, educación y, sobre todo, apoyo a los grupos más vulnerables. Hoy, lejos de gastar más, el país cada vez gasta menos. Lo vemos en las envejecidas patrullas, en las averiadas calles y en la saturación de los servicios de salud, entre muchas otras deficiencias
Como bien lo afirma el sociólogo Jorge Vargas Cullell, el Ministerio de Hacienda se ha convertido en rector de la política pública y decide, entre otros, el número de becas, policías y proyectos de inversión, aunque no es el encargado del desarrollo productivo ni del bienestar social. Surge la duda de si esto se ha hecho pensando en el tipo de Estado requerido y en las implicaciones de utilizar las tijeras con ligereza.
Recortar el gasto público de manera indiscriminada tiene efectos adversos en la economía y en el bienestar de la población. Es importante recordar que el gasto público es fundamental para garantizar la provisión de servicios esenciales, como salud, educación, seguridad y obras de infraestructura necesarias para la población y las empresas. Hoy, el país ofrece menos a los ciudadanos y a las empresas decididas a operar en su territorio.
Los sectores que piden más recursos lo hacen con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también de cumplir las funciones y los objetivos que se les han encomendado. En general, tienen un mejor conocimiento de la problemática específica que el Ministerio de Hacienda. Recortar recursos de manera desproporcionada e inconsulta suele llevar al deterioro de esos servicios, perjudicar a los más vulnerables y profundizar la desigualdad social.
Los fuertes recortes del gasto público también causan una contracción de la demanda agregada, afectando el empleo y el crecimiento económico. Algo de esto comienza a reflejarse en las estadísticas económicas: desempleo en aumento desde noviembre, menor consumo de servicios, deterioro en la confianza de los consumidores e índices de pobreza sin mejora.
El Estado debe desempeñar un papel crítico, invertir en sectores clave para impulsar la economía y evitar el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. La eficiencia en el uso de los recursos es crucial, y siempre es bueno manejar con cuidado el equilibrio entre ingresos y gastos, pero preocupa que los recortes se hagan hoy sin una hoja de ruta clara.
