Mucha gente tuvo un sueño, dijo y se propuso bajar la deuda por debajo del 60 % del producto interno bruto (PIB). Con eso se podría ampliar el gasto del 65 % del crecimiento promedio nominal del PIB de los últimos 4 años al 75 %, según la regla fiscal. Algo así como el 0,38 % del PIB adicional. Sobre esa base, circuló la apreciación de que la luz al final del túnel ya comenzaba a verse, y se llamó a la esperanza. El sacrificio daría pronto sus frutos.
El 21 de agosto, el Ministerio de Hacienda anunció que la regla fiscal permitiría un crecimiento del presupuesto del 3,75 % respecto al año anterior. El 1.º de setiembre, el Ministerio de Hacienda presentó un presupuesto que decreció el 1,9 %.
Se recortaron ¢244.017 millones de un año a otro. El sueño y la esperanza quedan rotos una vez más. No podrá haber ciclo político (mayor gasto en año electoral), ni esperar un alivio significativo frente a las atroces reducciones en la inversión social. La que era una fiesta modesta del Gobierno Central ahora prácticamente se canceló.
La regla fiscal ya no es el límite de crecimiento del gasto; hay otro factor aún más restrictivo. Para decirlo en palabras de la contralora, ahora los esfuerzos del gobierno son por mantener el equilibrio fiscal frente a una caída en la recaudación de los impuestos más relevantes.
Como se ha reiterado, la evolución de la economía nacional tiene resultados mixtos. El régimen definitivo arrastra un grave rezago de crecimiento frente al régimen de perfeccionamiento de activos. El primero paga impuestos, pero no crece; el segundo no paga los impuestos más relevantes, por lo tanto, no transmite su dinamismo al fisco. Además, el tipo de cambio fluctúa en valores muy bajos. Esta situación hace que los sectores que operan mayoritariamente en dólares, como la banca privada y el turismo, tampoco tengan una situación boyante que transferir al fisco.
Lejos de estar en un escenario de recuperación, marchamos hacia uno de mantener persistentemente una deuda elevada, que resulta inocua para el gasto, porque nuestro problema actual son los insuficientes ingresos fiscales. Lo doloroso es que la inversión social es aquella que, con sus reducciones, está cubriendo la torta.
Dos condiciones —la baja inflación y el precario crecimiento del régimen definitivo, que contribuye al fisco— son una realidad de nuestro país. En una publicación oficial del FMI, del 5 de octubre del 2016, titulada Inflación y crecimiento bajos dificultan la reducción de la deuda, se comenta esta situación: “Pero la política fiscal no basta para resolver el problema de la deuda. Dado el escaso margen de maniobra política observado anteriormente, urge aprovechar la naturaleza complementaria de las distintas herramientas —incluidas las de naturaleza monetaria, financiera y estructural— para sacar el mayor provecho de cualquier intervención fiscal”.
Ya resulta insoslayable afrontar el problema de los ingresos fiscales. Si el gobierno no se atreve, la Asamblea Legislativa tendrá que asumir el reto.
Entonces, ¿qué diseño de incremento de carga tributaria debe impulsarse? Pongo condiciones realistas al diseño: la propuesta de impuesto no debe recargarse en los que ya pagan, porque ellos subsidian directamente a quienes gozan de exenciones, pero disfrutan de bienes públicos; la propuesta de impuesto debe ayudar a la gestión de los bienes públicos o resolver problemas que dificulten la gestión de políticas públicas; y la propuesta de impuesto debe atenuar o anular impactos económicos o productivos, considerando disposiciones que los posibles contribuyentes de todas formas enfrentan.
Este es el problema: que lo que pensamos que es la luz al final del túnel sea el tren que avanza a gran velocidad.
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El autor es economista.
