El coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández Araya, cuestionó que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) permitiera cortar árboles en dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, a sabiendas de que estaban dentro de uno de los 12 sitios protegidos en Costa Rica por la convención internacional sobre humedales, Ramsar.
El país adquirió este compromiso desde inicios de la década de los años 90, pues se trata de humedales de importancia planetaria debido a su riqueza biológica y su función de refugio de aves acuáticas migratorias estacionales.
El fiscal lamentó, además, que el Sinac emitiera un informe, en mayo anterior, en el que “desapareció” casi 92 hectáreas (ha) de humedales en el litoral de Talamanca, en el Caribe sur de Limón, justo dentro de la zona catalogada como un sitio Ramsar.
“Habría que explicarle a la Convención Ramsar de Humedales sobre esas casi 92 hectáreas menos. Hay una lista negra de Montreaux en el que, si un sitio Ramsar está perdiendo características de humedales, cae en esa lista negra. Se le debería informar para fines de revisión”, agregó el fiscal ambiental.
Hernández explicó que todo el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo es un sitio Ramsar desde 1995 y, desde entonces, esa delimitación no ha variado. Así se puede observar incluso, en el mapa de la zona que la Convención sobre los Humedales tiene colgado en su sitio web.
En el mapa se puede apreciar que están incluidas las 188 hectáreas de bosque que se desafectaron con una ley aprobada en el 2014 (Ley 9223), la cual fue declarada inconstitucional cinco años después por la Sala IV. En consecuencia, los magistrados ordenaron al Sinac y a la Procuraduría General de la República (PGR) devolver esas tierras al Patrimonio Natural del Estado y delimitar de nuevo el área.
Dentro de esas tierras, se encuentran dos fincas a nombre de la firma Playa Manzanillo S. A., cuyo representante legal es Pacheco Dent. La Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sospechan que el Sinac otorgó permisos ilegales de tala para derribar árboles en esas propiedades, que en conjunto miden 15,2 hectáreas.
“Todo el refugio de vida silvestre, como se creó en 1985, es sitio Ramsar (...). Ustedes saben que una convención está por encima de la ley. ¿Cómo se se aprobó la ley 9223 si afectaba una convención suscrita por Costa Rica?”, cuestionó Hernández, durante una entrevista con un equipo de La Nación.
“Es un sitio Ramsar de humedales y eso no fue casualidad, así fue concebido originalmente. Es una zona con una cobertura de humedal importante, con muchos ecosistemas y es un corredor biológico. Tiene bosque costero, bosque anegado y está en esa franja de terreno frágil donde el océano topa con el territorio; ya de por sí es una zona ecológicamente frágil, de arribada de tortugas y con una barrera de arrecifes que sirve a la comunidad como contención y contra la erosión, con especies endémicas como el manatí y el pez sábalo”, detalló.
El fiscal afirmó que la investigación sobre la tala tiene conexión, por razones geográficas, con la indagación sobre el plan regulador costero del cantón de Talamanca. “Las fincas de los permisos están en esa misma zona y se consideraban para ser incorporadas al plan regulador”, dijo.
– Correcto. No es que no se podría, es que no se puede desarrollar turísticamente por normas, pronunciamientos de la Procuraduría, por jurisprudencia. La ley le da un tratamiento diferente de área silvestre protegida a la ZMT que posea bosque y humedales; no es de administración municipal, no es susceptible de comprender en un plan regulador, no es sujeta a la zonificación de dicho plan, no se puede dar concesión, el régimen es totalmente diferente porque lo administra el Sinac. No se puede cortar un solo árbol.
–Esas fincas son colindantes con esa ZMT. Voy a hablar desde la problemática del plan regulador. El plato fuerte es esas fincas es la ZMT porque permitiría acceder a concesiones en fincas privadas y abrir acceso a la ZMT para explotarla turísticamente con la figura de la concesión. Entonces, sin plan regulador, no se tendría ese componente de ZMT y no sería tan rentable.
–Es que la ZMT no está dividida en propiedades; se dividiría si la logran incorporar al plan regulador porque habría entonces planos catastrales. Estamos hablando de cientos de hectáreas.
–Casi 100 hectáreas de ZMT. En el último informe que presentó a Setena el ACLAC (Área de Conservación La Amistad Caribe), reduce en casi 92 hectáreas, casi 44% respecto al registro anterior del 2021.
Como parte del expediente abierto contra Pacheco Dent y otros cuatro imputados, en mayo anterior, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó tres peritajes en las fincas cuestionadas y uno de ellos concluyó que están cubiertas en un 85% por humedales.
Otro halló que al menos 4,6 hectáreas contienen bosque. Esas dos características hacían imposible que el Sinac otorgara una autorización para talar bajo la modalidad de inventario forestal, en la cual se requiere que no existiera bosque, según un decreto del 2014.
El caso del supuesto otorgamiento ilegal de un aval para cortar árboles se suma a otro que la Fiscalía General abrió en contra Pacheco Dent, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, por un supuesto tráfico de influencias. Se investiga el uso de una finca de la familia del empresario, en Barva de Heredia, para realizar actividades del Gobierno y una serie de visitas que este realizó a Casa Presidencial.
Fiscal general investiga fiestas en finca de Allan Pacheco Dent y visitas a Presidencia
