Ciudad de México. La guerra contra el narco en México condujo a la ejecución de civiles inocentes por parte de agentes del Estado para exhibir resultados operativos, denuncia un libro que investigó más de 1.800 homicidios desde 2006, la mayoría impunes.
“Permiso para matar”, una investigación dirigida por dos periodistas y un especialista en derechos humanos, asegura que los asesinatos involucran a los tres últimos gobiernos y configuran “crímenes de guerra”.
Con esta práctica se pretende mostrar una supuesta eficacia en el combate al crimen, medida por el número de enfrentamientos y presuntos criminales detenidos o abatidos, explicaron los autores en entrevista con la AFP.
Tal degradación es alentada por el uso exclusivo de la fuerza para enfrentar al crimen organizado, en detrimento de alternativas como el combate a la impunidad, que supera el 90%, y la reducción de la pobreza.
“Nos importaba contar las historias y (...) que se note lo sistémico (de las ejecuciones). No es una colección de anécdotas”, explica Daniel Moreno, autor y director del portal de noticias Animal Político.
“Hay una constante en estos tres gobiernos de atacar a población civil y dejar a los atacantes impunes”, añade Moreno, refiriéndose a las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el saliente Andrés Manuel López Obrador.
Los investigadores identificaron 494 crímenes (principalmente ejecuciones y desapariciones forzadas) durante el gobierno de Calderón, 808 con Peña Nieto y 489 en los cuatro primeros años de López Obrador. Advierten que estos números no representan el total de casos.
La Secretaría de la Defensa, a cargo del ejército, no respondió a un pedido de comentarios de la AFP sobre señalamientos en su contra incluidos en el libro.
Más de 450.000 mexicanos fueron asesinados y unos 100.000 han desaparecido en medio de la ofensiva militar antidrogas desplegada por el conservador Calderón en 2006, con el auspicio de Estados Unidos, según cifras oficiales.
Bajo una política cuyo eslogan es “abrazos, no balazos”, López Obrador asegura que reorientó los esfuerzos a atender las causas de la violencia, como la pobreza y el desempleo, antes que guerrear contra los cárteles. Según el mandatario izquierdista, durante su gobierno bajaron los homicidios (18%) y la letalidad de los enfrentamientos.
“Hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida”, afirmó el domingo pasado durante su último informe de gestión.
No obstante, “Permiso para matar” desmenuza casos en las tres administraciones en los que no se ha podido probar que la víctima tuviera órdenes de aprehensión, se haya enfrentado a las autoridades o fuera “parte de algún grupo” criminal, apunta Moreno.
Paris Martínez, coautor del libro, ve semejanzas con los más de 6.000 asesinatos y desapariciones cometidas por el ejército colombiano entre 2002 y 2008, en el caso conocido como “falsos positivos”, cuya intención era mostrar “efectividad” contra los grupos irregulares.
El trabajo, en el que participó el experto en derechos humanos Jacobo Dayán, denuncia además una reiterada omisión en investigar o castigar a los mandos o funcionarios responsables, algunos de los cuales siguen activos o fueron ascendidos.
“Terminan deteniendo a los que dispararon, no a quienes diseñan la estrategia”, y en todo caso prevalece la “impunidad”, complementa Moreno.
De los más de 1.800 casos investigados, solo en 133 hubo condenas, detallan los autores.
También enumeran varios factores que a su juicio indican que en México hay un “conflicto armado interno”: casi 6.000 combates reportados oficialmente entre 2007 y 2022, el control territorial de los cárteles, el reclutamiento forzado y la “sistematicidad” de las ejecuciones.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que juzga los crímenes de guerra o de lesa humanidad, mantiene desde 2010 un expediente sobre México donde uno de los investigados es el expresidente Calderón.
Los autores entregarán este mes su trabajo a la oficina en México de la CPI para “enriquecer” la pesquisa, “ya no con un puñado de casos sino con un expediente completo”, señala Martínez.
