La base de datos que contenía la información de los depositantes de Coopeservidores “estaba altamente contaminada”, lo que requirió un proceso de depuración que se encuentra en su última fase antes de su traslado al Banco Popular.
La Administración de Resolución de la cooperativa, encabezada por Marco Hernández, informó a La Nación de que esperan concluir el proceso pronto para trasladar la información al Banco Popular (BP), de modo que pueda proceder con la programación de los pagos.
El pasado 26 de agosto, los encargados de la resolución indicaron que la fecha inicialmente planeada para el traslado de la información de los depósitos de los clientes de la cooperativa al Banco Popular debía reprogramarse.
En ese momento, se atribuyó el retraso a inconsistencias en los sistemas informáticos de Coopeservidores. Esto también ocasionó que el Banco Popular suspendiera la etapa de entrega de dineros dirigida a los ahorrantes con montos de hasta ¢6 millones.
Por su parte, el Banco Popular ratificó que está preparado y continúa trabajando en estrecha colaboración con las instancias a cargo para garantizar que el proceso se lleve a cabo con la mayor celeridad posible.
“Esperamos en el corto plazo poder brindar anuncios importantes para proceder con los depósitos de los ahorros correspondientes de cada cliente, en las cuentas que el Banco ya les ha habilitado”, indicó la oficina de prensa del Banco Popular.
En relación con los allanamientos vinculados a Coopeservidores, realizados esta semana, la Administración de Resolución indicó que ayer presentaron una tercera ampliación de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía meses atrás.
También manifestaron que colaboraron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los allanamientos de miércoles y jueves en las instalaciones de Coopeservidores. De igual forma, el resolutor afirmó que acataron un requerimiento de información y documentación.
El miércoles pasado, Rándall Zúñiga, director del OIJ, afirmó que la causa responde a una denuncia presentada meses atrás por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Hasta el momento, 11 personas fueron detenidas. En este expediente se investigan los delitos de administración fraudulenta y estafa mayor. Las autoridades llevaron a cabo 23 allanamientos simultáneos.
Sobre la consolidación del fideicomiso, la Administración de Resolución confirmó que se está negociando con un posible fiduciario que se encargaría de administrar todos los activos que finalmente no se logren trasladar al Popular o a otra entidad.
Los recursos que se recuperen de ese instrumento beneficiarán a los acreedores que recibieron un recorte en sus depósitos, es decir, al grupo de ahorrantes con pasivos no garantizados.
En un comunicado enviado esta tarde, el resolutor explicó que la porción de la cartera de crédito que no fue adquirida por el Banco Popular es de ¢264.000 millones al 31 de julio del 2024.
De ese monto, un 19% estaba al día, un 8% presentaba un atraso de hasta 30 días, un 10% de hasta 60 días, un 8% de hasta 90 días, un 11% de hasta 120 días, un 13% de hasta 150 días, un 7% de hasta 180 días, y un 24% tenía mora de más de 180 días y estaba en cobro judicial.
Adicionalmente, destacó que tienen propiedades, vehículos, mobiliario, equipo y otros activos cuyo valor se estima en ¢6.000 millones en su conjunto.
Por otra parte, se informó de que están invitando a las entidades del Sistema Financiero a ofertar sobre los activos que no se trasladarán al Popular. Sin embargo, señalaron que todavía se están realizando ajustes para consolidar la transacción total con el Banco Popular, lo que podría implicar sustituciones y adquisiciones adicionales de activos.
