Las disputas en torno a los presupuestos de universidades públicas retratan, triste y desesperanzadoramente, la deriva que, en las últimas décadas, ha tomado la que debería ser una discusión vibrante y profunda en torno a políticas públicas que, como en el caso de la educación, juegan un rol clave en el cumplimiento de una de las promesas sobre la que se construyó nuestra democracia: garantizar y proteger espacios de igualdad de oportunidades, lo más amplios y generales posibles.
Y han terminado convirtiéndose, para unos en un mecanismo útil para atizar los fuegos de la polarización tribal que consume a nuestras ciudadanías insatisfechas, indignadas, descreídas y, particularmente, cabreadas o, desde la otra acera, una defensa, desde el privilegio, de recursos presupuestarios.
No seamos ingenuos, a estas alturas del periodo constitucional es más que evidente que el Ejecutivo no tiene ninguna propuesta de política pública competente y mucho menos honesta –en educación o en cualquier otra materia– orientada al bienestar común y a la satisfacción de las demandas legítimas de las ciudadanías.
Por el contrario, sus acciones han estado motivadas más bien por objetivos narcisistas o por intereses de grupos específicos, caracterizadas por una visión del ejercicio del poder casi decimonónica y poco o nada democrática y, sobre todo, por el uso de la posverdad y la polarización con el fin de derivar réditos electorales y acumular una fatua aprobación en las encuestas.
En este sentido, las disputas en torno al presupuesto para la educación, el aliarse con grupos conservadores que pretenden censurar los contenidos educativos modernos en función de sus conflictos sexuales o políticos irresueltos y, por supuesto, la financiación de la educación superior pública no son más que formas de mantener en ebullición la caldera del descontento y no de proponer formas honestas y éticas, desde la perspectiva democrática, de resolver los problemas.
Mientras tanto, en la acera del frente la defensa de los presupuestos tiende a tomar un tono también peligroso: se construye, no pocas veces, desde el privilegio.
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Y no se me mal entienda, a estas alturas debería ser más que evidente para cualquiera que la educación superior pública cumple un rol clave para el desarrollo económico, social y cultural del país y que, como en muchos otros campos, estos beneficios serían imposibles sin intervención gubernamental.
También es cierto que, el comprender cabalmente la responsabilidad para con los otros que implica la autonomía que constitucionalmente las ciudadanías le han otorgado (algo que, por cierto es un imperativo ético mínimo) y algunas otras reformas generales que han cerrado los espacios para que los presupuestos sean capturados ilegítimamente por intereses particulares han mejorado la transparencia y los resultados de las universidades públicas.
Éste es un logro compartido, la sociedad ha hecho un esfuerzo de proporcionar más recursos, incluso en tiempos de restricción presupuestaria, y las instituciones de educación superior lo han retribuido con mejores resultados, no sólo en eficiencia, sino que, en equidad y valor público; sin duda.
Pero, entonces, ¿cuál es el problema? Quizás, sobre lo que se debería reflexionar es que, visto desde la ciudadanía en general y, sobre todo, desde los más vulnerables, no deja de ser cierto que defender la financiación de la educación superior parece poco una aspiración general y más, una demanda construida desde el privilegio.
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La educación terciaria no deja de ser un privilegio y aunque no se debería dudar en que las universidades estatales deben ser financiadas apropiadamente y éstas dar resultados en términos de valor público, también es cierto que nada estamos haciendo para que la educación pública realmente facilite el acceso de cualquier persona a las bondades de la educación superior (equidad en el acceso a las oportunidades) y tampoco estamos haciendo nada significativo para que los que aspiren a otro tipo de formación (que son, por cierto son la mayoría) también puedan no sólo acceder a una vida material más digna sino, sobre todo, que sus aspiraciones y sueños puedan verse materializados, gracias a ésta.
La discusión correcta no es menos para la educación superior pública prometiendo, con engaños, patrañas y manipulación, más educación primaria y secundaria para todos. La demanda correcta es por un sistema educativo público articulado, financiado y sobre todo construido sobre la base de proveer de oportunidades a todos y todas y esa es, justamente, la discusión ausente.
