La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos anunció la noche de este viernes que solicitó un año de prisión preventiva en contra Óscar Hidalgo Chaves, exgerente general de Coopeservidores, mientras avanza la causa por posible administración fraudulenta y estafa mayor.
Además de Hidalgo, la Fiscalía pidió la misma medida privativa de libertad para Santos Lozano Galindo, gerente de finanzas de la cooperativa y dos hermanos de apellidos Mora Arias, quienes ostentaban los cargos de coordinadora de la Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica (Coopefénix RL) y representante de la empresa Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.).
Para otros siete imputados en el caso, la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas alternas a la prisión preventiva por el plazo de un año. Estas medidas incluyen la obligación de firmar dos veces al mes, la entrega de pasaportes, el impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a los testigos o peritos relacionados con la investigación.
Estas personas responden a los apellidos Chinchilla Villalta, jefe de Servicios Generales y Seguridad; Mora Sánchez, gerente del Área Legal; Torres González, jefe de Cobros y Bejarano Barquero, jefe de Operaciones de Coopeservidores. Otros dos funcionarios de Coopefénix: Quesada Muñoz, primer gerente general y Corredera Ramos, segunda gerente general; así como Gutiérrez Mora, quien es representante de la empresa RGM Servicio de Limpieza.
La Fiscalía confirmó que Gutiérrez se presentó voluntariamente el jueves ante dicha instancia. De inmediato, quedó detenido y se le tomó la declaración indagatoria.
La audiencia de medidas cautelares se desarrolla en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. La misma continuará este sábado, cuando los doce abogados defensores de los imputados presentarán sus argumentos ante el juez a cargo del caso.
Coopeservidores: OIJ investiga millonario negocio con Coopefénix y presuntos nexos familiares
El miércoles pasado, Rándall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que esta causa responde a una denuncia presentada hace varios meses por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). La denuncia señalaba presuntos malos manejos financieros en la cooperativa, lo que provocó su cierre en julio pasado.
“Lo que se ha podido determinar, según el avance de la investigación, es en apariencia un conflicto de interés y un uso irregular de recursos”, indicó Zúñiga.
El jefe policial detalló que las indagaciones revelaron que Coopeservidores vendió a Coopefénix parte de su cartera de créditos por un monto millonario “significativo”, aunque no especificó la cifra. Zúñiga añadió que el valor de esa venta fue “muy superior a lo que pudieron ofertar otras cooperativas”, lo que evidenció un claro conflicto de intereses.
Dentro de esta línea de investigación, las autoridades descubrieron que algunos familiares de los miembros de la gerencia de Coopeservidores tienen vínculos con Coopefénix. Estas relaciones facilitaron que la alta gerencia de Coopeservidores adquiriera 10 vehículos de alta gama, valorados en $67.000 cada uno, para un total de $670.000, además de artículos tecnológicos, entre otros bienes.
Tras la toma de declaraciones indagatorias, este viernes continuaba la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que al concluir la audiencia, dará a conocer las medidas solicitadas contra los sospechosos con el fin de mantenerlos vinculados al proceso penal.
Coopeservidores usaba esquema de ahorro en préstamos y lo dirigía al capital social
