El 6 de febrero de 1975, Lorne Pringle Ross Ashey y Agnes May Spencer acordaron con el Estado la donación de su propiedad de 54 hectáreas en Santa Ana para la conservación de la naturaleza y la creación del nuevo Parque Zoológico y Botánico Nacional. Si el texto de la carta de intenciones no bastara, la voluntad de los donantes se hace inequívoca, además, por las prácticas de conservación de la naturaleza promovidas cuando todavía la donación no se había concretado.
Se preocuparon por preservar, asimismo, una casa del siglo XVIII, contada entre las más antiguas del Valle Central. En ella se reunieron los vecinos dispuestos a incorporarse a las filas del ejército nacional, convocado para combatir a los filibusteros, y en tiempos todavía más remotos, sirvió como capilla de la comunidad.
Si la voluntad de los donantes es inequívoca, el deseo de los vecinos no lo es menos. Hace décadas insisten en respetar las intenciones de los donantes mediante el establecimiento de un parque natural. Para responder a esas aspiraciones, el Partido Liberal Progresista (PLP) presentó el proyecto de ley 23645, creador del Parque Natural Urbano Lorne Ross. La iniciativa fue dictaminada por la Comisión Legislativa de Ambiente e ingresó a la agenda del plenario.
La administración del parque sería encargada a la Municipalidad de Santa Ana, que deberá consensuar un plan de manejo con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). La conjunción de voluntades de los donantes, la comunidad, el gobierno local y los diputados vaticinan el éxito del proyecto, pero la fracción oficialista procura imponer un “parque del agua”, a imagen y semejanza de uno existente en Lima, la hermosa capital de Perú, reconocida por su sequía perenne.
La idea se le atribuye a la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, pero, pese a su decidida participación en el bloqueo del proyecto de ley dictaminado para crear el parque natural y no el del agua, la diputada señala al Minae como impulsor de la iniciativa. El misterio sobre los verdaderos patrocinadores del parque del agua no obsta para que ya se hayan invertido $30.000 en el anteproyecto, según la diputada Kattia Cambronero, quien estima el costo del homenaje al agua en $19 millones.
Si la idea es del Minae y la fracción gobiernista no pasa de ser una entusiasta ejecutora del plan preconcebido por esa cartera, los diputados deben llamar al ministro Franz Tattenbach para preguntar por las razones de su insistencia en imponer un proyecto rechazado por la comunidad y sus organizaciones.
Es un extraño empecinamiento. Para complacer al Minae, los diputados oficialistas presentaron 45 mociones de enmienda al proyecto de ley de creación del Parque Natural Urbano Lorne Ross, varias de ellas repetitivas o carentes de sentido. La intención es el filibusterismo denunciado por la actual administración cuando la táctica se emplea contra alguno de sus proyectos. Los oficialistas no lo disimulan y anuncian el propósito de hacer uso de la palabra hasta agotar el tiempo adjudicado cada día para la discusión.
Si el proyecto es del Minae, la cartera debe hacerse responsable y explicar al país por qué, según su criterio, debe imponerse a los deseos de los donantes y los vecinos. Las explicaciones del Ministerio de Ambiente cobran especial relevancia porque destacadas voces de la comunidad científica, algunas de ellas acogidas por la Sala Constitucional, han señalado la importancia de los terrenos para la ecología. La finca sirve de corredor biológico entre el río Virilla y los cerros de Escazú.
Si alguno de los diputados resultara aficionado a la ironía, podría preguntar si el pretendido homenaje es al agua faltante en Santa Ana por mala infraestructura o a la que no llegará a zonas necesitadas del área metropolitana por la cancelación del proyecto Orosi II. Quizá haya un lugar para rendir homenaje al líquido estancado en las posposiciones de la iniciativa denominada Agua para Guanacaste y otras más.
