El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es la institución encargada de coordinar, diseñar e implementar políticas, planes y estrategias para prevenir el consumo de drogas, así como tratar, rehabilitar y reinsertar a personas con farmacodependencia. También se encarga de combatir el tráfico de sustancias ilícitas, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Como órgano desconcentrado, adscrito al Ministerio de la Presidencia, el ICD tiene personalidad jurídica para gestionar recursos y patrimonio. Su creación se fundamenta en la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Como parte de sus funciones, brinda apoyo logístico a instituciones nacionales e internacionales encargadas de enfrentar el fenómeno de las drogas.
Recientemente, el nombre del ICD cobró relevancia cuando, el 18 de agosto, al menos diez hombres irrumpieron en una bodega del Instituto en la Uruca.
En ese lugar, donde se almacenan bienes decomisados al narcotráfico y al crimen organizado, fueron sustraídos dos vehículos BMW que fueron confiscados como parte de la investigación del caso Turesky, valorados en más de ¢100 millones, así como dos motocicletas Honda y BMW, con un costo total de ¢12 millones, que estaban bajo custodia por el caso Sevilla.
Solo un guarda privado custodiaba millones decomisados al narco
La Ley 8204 sobre estupefacientes, en su artículo 84, establece que el ICD debe administrar los bienes decomisados al narcotráfico hasta que los tribunales emitan una sentencia en firme. Esta disposición permite al Instituto gestionar el efectivo, los vehículos y las propiedades, entre otros activos.
Igualmente, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 26, señala que, si se ordena el decomiso, los bienes de interés económico deben ser depositados judicialmente, de forma inmediata y exclusiva, a disposición del ICD. La normativa también autoriza al Instituto a administrar los bienes o a entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según lo considere conveniente.
El pasado miércoles, el ICD comunicó que los dos vehículos robados ya fueron recuperados por el OIJ y que se encuentran bajo su custodia. Los automóviles, un BMW blanco modelo 745E del 2021 y un BMW gris modelo X6 del 2020, se encontraron en la cochera de una vivienda en San Pablo de Heredia y en Pérez Zeledón.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el robo ocurrió cerca de las 8 p. m. y los delincuentes permanecieron en el lugar casi dos horas. Durante ese lapso, inmovilizaron al único vigilante, probaron las llaves de los vehículos para verificar cuáles funcionaban y arrastraron una caja fuerte de unos 200 kilogramos antes de llevársela. Aunque el lugar contaba con un sistema de circuito cerrado de vigilancia, no se generó ninguna alerta que advirtiera sobre la situación.
Fernando Ramírez, director del ICD, dijo que el guarda relató que aproximadamente diez personas ingresaron por el techo con escopetas y armas 9 milímetros. No obstante, tras las primeras indagaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se constató que alguien había colocado cinta adhesiva u otro material en el llavín de la puerta de emergencia para evitar que cerrara correctamente, lo que habría permitido su entrada.
Ramírez descartó la hipótesis de que delincuentes vinculados a casos de narcotráfico intentaran recuperar algunos de sus bienes.
31 propiedades vinculadas al narco esperan reglamento para ser subastadas
El pasado 2 de junio, La Nación informó de que desde finales de 2022 había 31 propiedades confiscadas al narcotráfico a la espera de la aprobación del reglamento de venta de bienes para ser subastadas por el ICD.
Entre estas propiedades se encuentra la mansión de Alejandro Jiménez González, conocido como Palidejo, quien fue condenado en Guatemala en el 2016 a 50 años de prisión por planear un ataque que resultó en la muerte del cantante argentino Facundo Cabral.
Dicho reglamento, publicado finalmente el 12 de junio en el diario oficial La Gaceta, permite establecer el valor de cada finca y ponerlas a disposición de los interesados con firma digital a través del sitio web del Instituto. La normativa dispone que el precio base de la subasta es definido por el Ministerio de Hacienda y que el comprador tendrá un plazo establecido para pagar por el inmueble.
Para evitar que las propiedades regresen al crimen organizado, el comprador será sometido a un estudio por parte de la Unidad de Recuperación de Activos. Además, deberá firmar una declaración jurada y presentar su hoja de delincuencia.
Los fondos obtenidos de la venta o subasta de estas propiedades se distribuyen de la siguiente manera: 60% para prevención (al menos el 50% se asigna al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia -IAFA- y el resto a proyectos preventivos del ICD), 30% para programas de la Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, OIJ y Ministerio Público, y el restante 10% para el aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados.
Desde 2014, cuando la casa de Palidejo pasó a ser propiedad del Estado, se anunció su venta por ¢465 millones. Un año después, el precio se redujo en ¢152 millones debido a la falta de interesados, y finalmente, se suspendió su venta por la misma razón.
Actualmente, esta vivienda está en posesión del ICD bajo la figura de capitales emergentes, aplicada por el Ministerio Público sin necesidad de un proceso penal, cuando se sospecha que el propietario no puede justificar el origen lícito de sus bienes.
El mantenimiento de propiedades como esta, así como de fincas, un hotel, vehículos, lanchas y otros bienes, cuesta al ICD ¢1.000 millones al año. Estos fondos provienen de un 10% de los bienes confiscados por las autoridades judiciales y de un 20% de los rendimientos generados por inversiones realizadas con dichos fondos.
El ICD tiene un Consejo Directivo compuesto por el ministro o viceministro de la Presidencia, los ministros o viceministros de Seguridad Pública y Gobernación, Educación Pública, Justicia y Paz, Salud, o el director del IAFA. También lo integran el director o subdirector del OIJ y el fiscal general o el fiscal adjunto. La Dirección General del ICD la ejerce Fernando Ramírez Serrano desde el 1.º de noviembre de 2022.
El Instituto también cuenta con diversas unidades, entre ellas Auditoría Interna, Asesoría Legal, Planificación Institucional, Informática, Información y Estadística Nacional de Drogas, Programas de Inteligencia, Registros y Consultas, Control y Fiscalización de Precursores, Recuperación de Activos, entre otros.
