Antes de 2015, el cantón de La Unión cerraba con menos de 10 homicidios por año, pero ese comportamiento desapareció. A partir de ese año, pasó a tener 13 asesinatos en el 2016, y luego el número aumentó a 21 en 2017, que ha sido el más violento. El año pasado cerró con 15 muertes y, en lo que va del 2024, lleva 13.
Por eso, con el fin de contrarrestar a los grupos delincuenciales que se disputan territorios para la venta de drogas, ese cantón cartaginés cuenta, desde este 29 de agosto, con un centro de monitoreo situado en Tres Ríos. Desde allí se vigilan, con 241 cámaras, los puntos de mayor interés.
Los casos más recientes de muertes en ese cantón ocurrieron el mes pasado, uno de ellos el 10 de julio en San Ramón de La Unión, cuando en apariencia el dueño de un restaurante se defendió de asaltantes que lo siguieron y mató a uno de ellos de un balazo en el pecho. Doce dias después, en Río Azul, un vecino alertó al sistema de emergencias 911 al hallar a un sujeto baleado en vía pública.
Además de los homicidios, La Unión se situó el año pasado entre los diez cantones del país con más asaltos, con 199 denuncias, cifra muy similar a las 193 registradas en el 2022.
Según el alcalde, Cristian Torres, la apuesta por una mayor vigilancia electrónica busca complementarse pronto con un cuerpo de policía municipal, cuya contratación esperan realizar a corto plazo, y que vendría a reforzar el plan de seguridad.
A finales del año pasado, ese municipio contaba con 150 cámaras en los 29 puntos de entrada y salida del cantón. Con la adición del nuevo centro de monitoreo, se han instalado 91 cámaras más en puntos estratégicos.
El centro está equipado con tecnología avanzada donada por la Embajada de los Estados Unidos, que permite la observación constante y una respuesta rápida ante situaciones de emergencia.
El monitoreo se realiza las 24 horas del día, los siete días de la semana. Hay dos oficiales por turno, contratados desde el año pasado, que en caso de emergencia contactan directamente a instituciones como la Fuerza Pública, Bomberos o Cruz Roja.
La inversión inicial fue de ¢135 millones, y la inversión total anual será de ¢275 millones. A menudo, las imágenes captadas en esas cámaras son facilitadas a cuerpos policiales, como el Organismo de Investigación Judicial, que las requieren para resolver delitos.
Las áreas de instalación de las cámaras pueden variar y se eligen de acuerdo con un análisis de información que determina cuáles son las zonas consideradas como “calientes” en cada uno de los ocho distritos: Tres Ríos, San Diego, San Juan, San Rafael, Concepción, Dulce Nombre, San Ramón y Río Azul.
En parques y espacios públicos, la presencia visible de las cámaras actúa como un agente disuasor para potenciales infractores. Por ejemplo, si se observa a personas consumiendo drogas en un parque, se les conmina a retirarse mediante un parlante que se activa desde el centro de monitoreo. Si alguien intenta botar basura en sitios públicos, también se le advierte por este medio. En caso de no acatar la orden, se alerta a la Policía. Este efecto preventivo ayuda a garantizar la seguridad en espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
