La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) anunció recientemente, con gran despliegue mediático, la denuncia “contra ignorado” por los graves hechos en la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), en Espíritu Santo de Esparza.
Como parte de los cientos de pequeños y medianos inversionistas que confiamos en el BCR, en su SAFI y en el Fondo de Inversión Inmobiliario que adquirió el PEP, no puedo sentirme más insatisfecho.
Esta acción es sumamente tardía. Si bien el segundo informe de la Auditoría Interna de la SAFI es de junio del 2023, en el primero, con fecha de diciembre del 2021, los auditores recomendaron a la Junta Directiva del BCR SAFI S. A. solicitar a la Gerencia Corporativa Jurídica del BCR la emisión de “un criterio sobre la procedencia de presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra las personas citadas” en ese informe, que habían “ejecutado procesos y tomado decisiones”.
No solamente la Junta Directiva de la SAFI no actuó en ese momento, sino que mantuvo a numerosos funcionarios —mencionados en el informe de la Auditoría— durante año y medio más. Estos nos negaron información a los inversionistas, aseguraron que nada irregular había sucedido y no sé si habrán destruido u ocultado pruebas, porque siguieron ejerciendo sus funciones a pesar de los señalamientos sobre aparentes conductas irregulares.
Hasta mediados del 2023, algunos de ellos fueron despedidos y otros se habían ido por su propia cuenta. El BCR debió actuar en diciembre del 2021, no casi tres años después.
La denuncia es incompleta porque, aunque en diciembre del 2021 se señalaron nombres de presuntos responsables de los hechos irregulares y en junio del 2023 se despidió a algunos de ellos, la denuncia se interpuso “contra ignorado”, como si al BCR o a su SAFI no le constara, desde hace casi tres años, quiénes estuvieron detrás del uso incorrecto del dinero de los inversionistas.
La denuncia es insuficiente también porque parece ser solo un descargo de conciencia, que no soluciona el problema de cientos y cientos de inversionistas, algunos de los cuales confiaron al BCR SAFI el ahorro de toda su vida, la gran mayoría de ellos adultos mayores que requieren protección y consideración especial del Estado y sus instituciones.
Para ellos, no se ofrece ninguna solución, a pesar de la responsabilidad del grupo BCR y de la Junta Directiva de la SAFI, que, habiendo recibido desde finales del 2021 una completa relación de hechos de su Auditoría Interna, hasta ahora realizan una denuncia penal sin decir una sola palabra de cómo van a reparar el daño causado a los inversionistas por su inacción y falta de supervisión.
Como inversionista, espero respuestas oportunas, completas y satisfactorias, no lo que en esta ocasión hizo la SAFI y su dueño, el grupo BCR.
El autor es inversionista.
