El 73 % de la producción de energía eléctrica está concentrada en el Grupo ICE y el 76,5 % de las ventas. El 60 % de los costos de la electricidad está en la generación, un 10 % en la transmisión y un 30 % en la distribución.
En el 2023, el gasto por costo variable de generación fue ocho veces mayor, debido a la utilización de hidrocarburos en las plantas térmicas, con su consecuente contaminación e incidencia en el alza de las tarifas.
En mayo, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) acumulaba una deuda cercana a los ¢147.000 millones, que deberán ser reconocidos en las facturas del 2025. Por el lado de la demanda, se prevé un crecimiento de entre un 4,5 y un 5,5 % anual, a raíz de la incorporación de los autos eléctricos y el crecimiento industrial, comercial y habitacional.
Tal crecimiento exige duplicar la producción eléctrica de aquí al 2050, lo cual se traduce en endeudamiento y la necesidad de mayores recursos propios del ICE, algo que no es viable a corto plazo. Para cubrir el incremento de la demanda, se requieren inversiones por $4.000 millones en infraestructura para la producción, transmisión y distribución.
De marzo del 2023 a marzo del 2024, el margen de utilidades, antes de depreciación, gastos financieros, impuestos y amortizaciones, cayó un 12,6 %; y el margen neto se redujo un 27 %, a pesar de la utilidad cambiaria y el apalancamiento que creció.
El ICE atiende a 894.000 clientes y se calcula un crecimiento de los ingresos por el orden del 4 % en el 2024, pero debemos preguntarnos si el ICE, en vista de su estructura de costos, flujo de caja y apalancamiento, es capaz de hacer frente a las necesidades modernas de la sociedad.
También cabe preguntar sobre la conveniencia de mantener un actor dominante como el ICE, que maneja el 73 % de la oferta y el mercado, en momentos en que es preciso atraer inversiones y no hay seguridad de compra, debido a la estructura de compraventa.
Otros factores merecedores de atención son si es lógico que una sola empresa planifique y ejecute los proyectos eléctricos, y si el ICE está realmente libre del control político en una materia tan técnica.
Hasta ahora, la eficiencia de las inversiones del ICE no cuenta con mediciones y los proyectos como Toro III, Balsa Inferior, Reventazón, Valle Central, Chucás y Pirrís costaron más $1.666 millones, es decir, un 122 % de lo presupuestado.
El país se ve imposibilitado de competir en la región a consecuencia de sus elevados costos e inversiones.
Si queremos mejores precios de la energía eléctrica, debemos abrir el mercado con inteligencia; crear las condiciones para la negociación de precios entre productores públicos o privados y consumidores.
Debe haber un mercado mayorista donde los consumidores negocien precios con vistas a fomentar la eficiencia, la innovación, la competencia, la descarbonización, la sostenibilidad y la buena calidad.
La inversión privada es fundamental en el esfuerzo de descarbonización y ofrecer precios competitivos. Las inversiones privadas no vendrán sin un marco jurídico estable.
En relación con la transmisión eléctrica, lo lógico sería que el ICE mantenga la exclusividad hasta los centros de distribución en alta tensión, ya que por ley le corresponde la planeación, construcción y operación.
En cuanto a la distribución, debería darse en concesión, respetando la exclusividad geográfica y la eficiencia, con el apoyo de las empresas municipales, cooperativas y la CNFL, empresas que deben ser responsables de planear, diseñar, construir y operar según tarifas fijadas por la Aresep.
Al sector privado debe permitírsele comprar y vender en el Mercado Regional Eléctrico (MER) para bajar los costos y promover la competencia. El ICE no perdería su cuota exportadora, ni se exportará si la demanda nacional no está debidamente atendida.
Por otra parte, hay que romper el tope del 15 % de la capacidad instalada establecida para la operación del sector privado en la Ley 7200. No aumentará la productividad si el ICE es juez y parte. Por lo cual deben mantenerse los aportes del SEN, pero impulsar la aprobación del proyecto de armonización que favorece la planificación integral, mantiene el modelo solidario y el papel del ICE como generador, transmisor y distribuidor.
La ley crea la figura del gran consumidor, clave para el sector industrial, que debe competir internacionalmente.
Si diversificamos las fuentes de energía renovable, se reducirán los riesgos de desabastecimiento y el ICE se verá obligado a ser más técnico, menos político y más competitivo en beneficio de los consumidores pequeños y grandes.
El ICE cobrará por su infraestructura para la distribución y transmisión, que significa el 40 % de la tarifa. Esto aumentará sus ingresos.
Bien haríamos en abrir la competencia en la generación eléctrica mediante un esquema de despacho óptimo, operado por un ente técnico neutral, desvinculado de los vaivenes de la política.
Con más jugadores en el campo, habrá competitividad, innovación, diversificación del riesgo, reducción drástica de la emisión de gases de efecto invernadero, transparencia y, ante todo, precios competitivos.
Las telecomunicaciones son el mejor ejemplo de cómo el ICE se transformó sin ver disminuida su importancia institucional. Lo mismo sucederá si más empresas rivalizan por proveer la tecnología 5G.
La competencia, cuando las reglas están claras, es la clave para atraer inversión, crecer económicamente y crear empleo.
El autor es ingeniero.
