Las principales obras viales que se ejecutan en el país, registraron un retroceso en la ejecución de procesos claves de las etapas de preingeniería, como expropiaciones, reubicación de asentamientos y licitaciones.
Según la “Matriz de Preingeniería”, elaborada anualmente por la Cámara Costarricense de la Construcción, a mayo pasado se reportó una disminución del 4% en la ejecución de procesos de expropiación. Un porcentaje similar se registró en relación con los retrasos provocados por apelaciones y problemas en las etapas de licitación.
En el periodo analizado, los proyectos de infraestructura mostraron mejoras moderadas en fases como viabilidad financiera, diseño y estudios, viabilidad ambiental, corta de árboles en cauces y reubicación de servicios. Sin embargo, en aspectos como anteproyecto, definición de financiamiento, confección de contratos, refrendo y orden de inicio, no se observó ningún avance.
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“Estos hallazgos subrayan la necesidad de enfocarse en superar estos obstáculos para asegurar un progreso sostenido en la infraestructura nacional, especialmente ante la falta de fondos para la preinversión de los proyectos”, destacó la Cámara.
El análisis reveló la problemática de iniciar proyectos sin completar adecuadamente todas las etapas de preingeniería, lo que se traduce en un aumento de costos y retrasos significativos.
Entre los casos mencionados destaca la intersección de La Galera, en Curridabat, cuya orden de inicio para la fase de diseño se emitió en diciembre de 2020 sin haber completado las etapas previas. Esta obra, puesta en funcionamiento este año, fue entregada con un retraso del 185% y un incremento en el costo del 48%.
En tanto, la ampliación de la ruta 32, en el tramo entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, es actualmente el proyecto en ejecución con mayor atraso, al acumular 1.726 días adicionales en la fase constructiva.
El recuento muestra que los proyectos de infraestructura que completaron todas las etapas de preingeniería antes de su orden de inicio enfrentaron retrasos promedio del 14,8%; en cambio, los que no cumplieron con esas fases previas presentaron demoras de hasta un 177,6%. Estos retrasos representan en promedio, 255 días adicionales otorgados cada año a cada obra en ejecución, mientras que solo se logra un avance real de 110 días anuales.
De acuerdo con el estudio de la Cámara, las fases de preinversión y estudios, que deberían ejecutarse antes de dar la orden de inicio a los proyectos, registran un avance general del 6,7% al año. Esto significa que se necesitarían 14,8 años para completarlas, en lugar de los 6,5 años considerados óptimos para este tipo de proyectos.
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Carlos Trejos, presidente de la Cámara, añadió que preocupa el retroceso en la preingeniería de los proyectos realizados mediante alianzas público-privadas, ya que estos son fundamentales para el desarrollo.
“Es crucial que el país adopte una planificación de infraestructura basada en una política de Estado sólida, que no dependa de los ciclos de gobierno de tan solo cuatro años. Cualquier modificación en los proyectos debe basarse en criterios técnicos y considerar sus efectos en la competitividad y el crecimiento del país”, concluyó la Cámara en el estudio divulgado este jueves.
